WASHINGTON – La Casa Blanca volvió a sacudir el tablero comercial de Norteamérica: el presidente Donald Trump firmó el 20 de julio medidas ejecutivas para imponer un arancel del 50% a una amplia gama de importaciones provenientes de Canadá, en respuesta a lo que su administración calificó como prácticas comerciales «discriminatorias» del gobierno canadiense en ciertos sectores contra Estados Unidos, de acuerdo con funcionarios federales.
La medida, que entrará en vigor el próximo 19 de agosto, se aplicará sobre un abanico amplísimo de productos canadienses: desde vino y lácteos hasta palos de hockey y cemento. O sea, prácticamente todo lo que cruza la frontera más larga del mundo entre dos países amigos queda bajo la lupa arancelaria. Sin embargo, quedaron fuera sectores estratégicos como la energía, la potasa, el pescado y los minerales críticos, entre otras exenciones.
El golpe no es menor: incluso las exportaciones canadienses que hasta hoy gozaban de exención arancelaria bajo el acuerdo trilateral firmado en 2019 entre Estados Unidos, Canadá y México —el sucesor del TLCAN— quedan sujetas al nuevo gravamen. Esto significa que el marco comercial que ordenaba la relación entre los tres socios norteamericanos acaba de recibir uno de sus sacudones más fuertes desde su entrada en vigor.
Funcionarios de la administración Trump, que hablaron con periodistas bajo condición de anonimato, explicaron que la decisión responde a las prácticas comerciales canadienses en materia de bebidas alcohólicas, automóviles y productos lácteos exportados desde Estados Unidos. Los mismos funcionarios describieron los aranceles como «medidas defensivas», no como una escalada ofensiva.
El anuncio llega en un momento de tensión adicional entre ambos países: Trump había amenazado previamente con imponer aranceles a Canadá como respuesta al humo de los devastadores incendios forestales canadienses que llegó a cubrir ciudades estadounidenses. Sobre ese frente, un funcionario del gobierno aclaró que el mandatario aún estudia opciones arancelarias no especificadas para hacer frente a la crisis de los incendios, un asunto que camina por un carril separado.
Para dimensionar lo que está en juego, basta recordar que Canadá y Estados Unidos sostienen una de las relaciones comerciales bilaterales más grandes del planeta, con un intercambio de bienes y servicios que supera los 700 mil millones de dólares anuales. Miles de cadenas de suministro —del acero a los aguacates del escenario automotriz— cruzan esa frontera a diario. Un arancel del 50% no es un pellizco: es un madrazo directo a la integración económica de la región.
Los efectos potenciales no tardarían en sentirse del lado estadounidense. Sectores como la construcción, que depende del cemento y la madera canadienses, así como la industria alimentaria y las cadenas de autos, podrían enfrentar encarecimientos que, tarde o temprano, terminan en el bolsillo del consumidor. Los analistas suelen coincidir en que los aranceles generalizados funcionan como un bumerán: se lanzan contra el vecino y regresan en forma de inflación.
Del lado canadiense, la pregunta obligada es si Ottawa responderá con medidas espejo. En episodios anteriores de fricción arancelaria, el gobierno canadiense ha aplicado represalias calibradas sobre productos emblemáticos estadounidenses, desde el whisky de Kentucky hasta la mermelada de naranja. Por ahora, las autoridades de ese país no han emitido una respuesta formal al anuncio de Washington.
Con la vigencia programada para el 19 de agosto, queda una ventana de varias semanas para la negociación diplomática. Si la historia reciente sirve de guía, los aranceles de Trump han funcionado tanto como política comercial como moneda de cambio en la mesa de negociación. Lo que sigue es ver si este órdago del 50% termina en acuerdo, en represalia o en una guerra comercial de desgaste entre dos socios que, les guste o no, comparten frontera, mercado y destino económico.