Si sale de tu bolsillo, UIF y ASF ahora cruzan más datos
Hacienda, vía la UIF, firma con la ASF un convenio para cruzar datos financieros y de fiscalización. Amplían el pacto de 2024. ¿Qué cambia?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, suscribió este martes en la Ciudad de México un Convenio de Colaboración con la Auditoría Superior de la Federación. El Comunicado 74 lo presenta como un instrumento para fortalecer la coordinación interinstitucional y ampliar el intercambio de información. No es un operativo. Es un acuerdo de tuberías: dos oficinas del Estado se comprometen a pasarse datos que, por separado, ya tenían y ahora podrán leer juntos.
El convenio cubre información financiera, patrimonial, fiscal, presupuestaria, contable, administrativa y societaria. También prevé análisis conjunto con herramientas tecnológicas y explotación de bases de datos. En español llano: la ASF pone lo que ve cuando revisa el gasto público; la UIF pone lo que detecta cuando alguien mueve dinero con olor a irregular. El cruce busca estructuras, redes, patrones y conductas ligadas al uso irregular de recursos públicos, a hechos de corrupción y a Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El ida y vuelta queda escrito. La ASF podrá entregar a la UIF información obtenida en sus procesos de fiscalización y en sus facultades de revisión, supervisión, evaluación y seguimiento del ejercicio de recursos públicos. La UIF, a su vez, podrá entregar productos de inteligencia derivados de reportes y avisos que resulten útiles para las atribuciones de la Auditoría, “conforme a la normativa aplicable”. La frase importa. No es un cajón abierto. Es un intercambio con candado legal.
Para que el papel no se quede en el archivero, el convenio crea un Grupo de Trabajo. Ese grupo coordinará, ejecutará, evaluará y dará seguimiento técnico. Tendrá capacidad para elaborar productos de inteligencia, análisis operativo y estratégico, indicadores, alertas, guías, mejores prácticas y tipologías. Es el mecanismo que convierte un convenio en rutina: reuniones, productos y bitácora. Sin ese grupo, el acuerdo sería solo una foto de firmas.
El instrumento no nace de cero. Da continuidad a la colaboración establecida entre ambas instituciones desde febrero de 2024 y, según Hacienda, amplía los mecanismos de coordinación. Aquel primer pacto lo suscribieron entonces el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, y el auditor superior David Colmenares Páramo. Hoy la UIF la encabeza Omar Reyes Colmenares y la ASF, desde marzo de 2026, Aureliano Hernández Palacios Cardel. Cambian los nombres. Se mantiene la premisa: fiscalización y inteligencia financiera en la misma mesa.
¿Y a ti qué te mueve esto? El recurso que audita la ASF y el dinero que rastrea la UIF salen, en última instancia, del mismo lugar: el presupuesto público. Impuestos, derechos, aprovechamientos. La metáfora es de vecindario. Es como si el que revisa las cuentas del edificio y el que vigila si alguien lava el dinero del mantenimiento se pusieran a comparar libretas. No garantiza que aparezca el faltante. Sí reduce la posibilidad de que cada quien mire solo su cuaderno.
Hacienda enmarca el convenio en los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. México es miembro de ese organismo desde el año 2000. La UIF, creada el 7 de mayo de 2004, es la unidad que recibe reportes de operaciones y avisos de actividades vulnerables, los analiza y disemina inteligencia sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La ASF, órgano técnico de la Cámara de Diputados, fiscaliza la Cuenta Pública. Una mira flujos. La otra mira el gasto. El convenio intenta que esas dos linternas apunten al mismo rincón.
El documento no publica cifras de recuperaciones, denuncias ni cuentas bloqueadas derivadas de este nuevo texto. Tampoco detalla calendarios de entrega ni el número de servidores públicos que integrarán el Grupo de Trabajo. Lo que sí deja claro es el propósito declarado: proteger recursos públicos, combatir la corrupción y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo que viene, entonces, no es un titular de decomiso. Es el arranque operativo del grupo y los primeros productos de análisis conjunto.
Para el lector, el cambio inmediato no se siente en la ventanilla del SAT ni en la fila del banco.
Se siente, si acaso, más adelante: cuando una auditoría encuentre un desvío y la UIF pueda decir si ese dinero reapareció en otra cuenta, o cuando un reporte inusual ayude a la ASF a seguir el rastro de un contrato. Mientras tanto, el Estado suma un protocolo más al andamiaje de prevención. El papel ya está firmado. Falta ver si las bases de datos hablan el mismo idioma.
El cierre es de cantina elegante, no de mitin. Dos instituciones que llevan más de dos años colaborando deciden hoy ampliar el cruce. El dato memorable no es el número del comunicado. Es la pregunta que se puede llevar a la mesa: si el dinero público es de todos, ¿cuánto tarda el Estado en poner a hablar a quien cuenta el gasto con quien sigue el rastro?
