Ciudad de México.- Con el argumento de fortalecer la seguridad de las mujeres en el transporte público y reducir situaciones de acoso y violencia de género, el Congreso de la Ciudad de México recibió una iniciativa para sancionar a quienes ingresen de manera indebida a los espacios exclusivos destinados a mujeres y menores de 12 años en los sistemas de movilidad de la capital.
La propuesta fue presentada durante la sesión virtual de la Comisión Permanente por la diputada María del Rosario Morales Ramos, integrante de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT), quien planteó reformas al artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.
De acuerdo con el documento legislativo, la modificación busca establecer una disposición jurídica más clara para castigar a los hombres que ocupen áreas exclusivas para mujeres en el transporte público, incluidos los vagones reservados del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. La legisladora argumentó que esta conducta ocurre de manera frecuente y afecta las condiciones de seguridad de las usuarias.
La iniciativa señala que los espacios exclusivos fueron creados como una medida de protección ante los riesgos de acoso, hostigamiento y violencia sexual que enfrentan diariamente niñas, adolescentes y mujeres durante sus traslados. Sin embargo, reconoce que la existencia de estas áreas no ha sido suficiente para garantizar su respeto por parte de todos los usuarios.
El proyecto también destaca que la violencia contra las mujeres en espacios públicos representa una limitación para el ejercicio pleno de derechos fundamentales como la movilidad segura, el libre tránsito y la integridad personal. En ese sentido, la propuesta plantea que el incumplimiento de estas disposiciones sea considerado una infracción cívica susceptible de sanción.
Además de la regulación relacionada con los espacios exclusivos para mujeres, la reforma incorpora como falta administrativa el ingreso sin autorización a inmuebles o espacios destinados a servicios públicos fuera de los horarios establecidos. Estas conductas serían clasificadas como infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad de México.
La iniciativa reconoce que el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado diversas acciones para atender la problemática, entre ellas la habilitación de vagones exclusivos, campañas de sensibilización, mecanismos de denuncia y protocolos de atención para víctimas de violencia de género. No obstante, considera que aún existen vacíos normativos que dificultan la aplicación efectiva de medidas preventivas y correctivas.
Si bien la propuesta busca reforzar la protección de las usuarias, el debate legislativo podría centrarse en la eficacia real de las sanciones frente a un problema estructural de seguridad y cultura cívica. Especialistas y organizaciones han señalado en distintos momentos que las medidas punitivas requieren acompañarse de estrategias de vigilancia, educación y prevención para generar cambios duraderos en el comportamiento de los usuarios.
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente informó que la iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia Cívica y Defensoría Pública, así como a la de Seguridad Ciudadana, donde será analizada y dictaminada antes de que pueda ser discutida por el Pleno del Congreso capitalino.