Ciudad de México.— Para algunos estudiantes universitarios que viven en la periferia de la Ciudad de México y municipios conurbados, acudir a clases, realizar prácticas o cumplir con el servicio social implica invertir hasta cinco horas diarias en transporte. Las largas distancias, los múltiples transbordos, la saturación y las condiciones de seguridad convierten el traslado en un factor que trasciende la movilidad y repercute en la economía, el descanso y el desempeño académico.
Casos documentados muestran la dimensión del problema. Un estudiante de Chimalhuacán que acude a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa destina cerca de cuatro horas al día en sus recorridos de ida y vuelta y gasta aproximadamente 40 pesos en pasajes. Desde Ecatepec, otra estudiante enfrenta un tiempo de traslado similar, con aglomeraciones en el Metro y exposición a riesgos como robo, asalto y acoso durante distintos puntos del recorrido.
La situación también alcanza a estudiantes que viven dentro de la capital. Una joven residente de Iztapalapa que realiza su servicio social en Polanco emplea alrededor de cinco horas entre ambos trayectos. En temporada de lluvias, los tiempos pueden aumentar considerablemente: algunos regresos llegan a prolongarse hasta cuatro horas, lo que en ocasiones obliga a los estudiantes a quedarse con familiares o amistades para evitar desplazamientos nocturnos y complicaciones en el transporte.
El problema no representa, sin embargo, el tiempo promedio de traslado de todos los universitarios. Una encuesta aplicada a 13 mil 900 estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM reportó un promedio de 74 minutos por viaje, mientras que 36 por ciento de los alumnos utilizaba dos medios de transporte para llegar a sus planteles.
La diferencia entre ese promedio y los casos de cuatro o cinco horas evidencia una desigualdad territorial. El diagnóstico técnico de movilidad de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) identifica que los viajes provenientes de municipios conurbados pueden comenzar entre las 4:00 y las 6:00 de la mañana, debido a las mayores distancias y a la necesidad de conectar distintas modalidades de transporte. El mismo documento reconoce desigualdades en los tiempos y modos de traslado entre la Ciudad de México y su zona conurbada, asociadas con la distribución territorial de vivienda, empleos y servicios, así como con carencias de cobertura y conexión del transporte público estructurado.
En la práctica, estudiantes de zonas periféricas pueden combinar combis, autobuses, Metro, Trolebús y caminatas para completar un solo recorrido. Cada transbordo añade tiempo y costo, pero también incrementa la exposición a aglomeraciones y situaciones de inseguridad. La propia SEMOVI reconoce que la movilidad de las mujeres requiere atención específica y mantiene estrategias como Viaja Segura ante las condiciones de violencia y acoso vinculadas con los desplazamientos en transporte público.
El impacto económico tampoco es menor. Aunque cada viaje individual pueda parecer accesible, la acumulación diaria de pasajes representa un gasto significativo para estudiantes que, además, deben cubrir alimentación, materiales escolares, renta o actividades laborales. A ello se suma el costo no monetario: horas que dejan de destinarse al estudio, descanso, convivencia o empleo.
La problemática revela así que el acceso a la educación superior no depende únicamente de contar con una institución cercana o de obtener un lugar en ella. El territorio donde vive cada estudiante determina parte del costo real de asistir a clases. Quienes habitan en zonas metropolitanas alejadas pueden enfrentar jornadas más extensas antes y después de su horario académico, lo que profundiza las diferencias entre estudiantes de acuerdo con su lugar de residencia.
La respuesta, por ello, requiere una estrategia que vaya más allá de incrementar la frecuencia de un solo sistema. La coordinación entre la Ciudad de México y el Estado de México, una mejor integración de las rutas metropolitanas, conexiones más eficientes entre medios de transporte, infraestructura segura y políticas de vivienda y equipamiento urbano que reduzcan las distancias son elementos centrales para disminuir estos recorridos.
El reto también implica garantizar que las alternativas existentes sean confiables y accesibles. Datos de SEMOVI muestran que durante el primer semestre de 2026 la Red de Movilidad Integrada registró más de mil millones de viajes, de los cuales 60 por ciento correspondieron al Metro, una presión que refleja la magnitud de la demanda sobre el sistema capitalino.
Reducir los tiempos de traslado de los universitarios no es únicamente una cuestión de comodidad. Significa ampliar las condiciones de acceso efectivo a la educación, disminuir gastos, mejorar la seguridad y recuperar horas que actualmente se pierden en trayectos prolongados. Mientras persista la concentración de oportunidades en determinadas zonas y la insuficiente conexión metropolitana, para miles de jóvenes el camino hacia la universidad seguirá siendo una parte considerable de su jornada.