Ciudad de México.— La consolidación de los nuevos Tribunales de Disciplina Judicial será una prueba para el sistema de justicia mexicano: deberán combatir la corrupción y los privilegios sin convertirse en instrumentos de presión política, sostuvo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, durante el Primer Encuentro de Tribunales de Disciplina Judicial de las Entidades Federativas.
Ante ministros, magistrados y jueces, la mandataria capitalina planteó que estos órganos tienen la responsabilidad de preservar la independencia de las personas juzgadoras frente a intereses económicos, políticos o criminales, pero también de evitar que esa autonomía sea utilizada como argumento para tolerar impunidad. El reto, dijo, consiste en construir un equilibrio entre disciplina, independencia y rendición de cuentas.
Brugada afirmó que una justicia independiente debe impedir que factores externos condicionen las resoluciones judiciales. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de que intereses económicos puedan influir en una sentencia, que relaciones políticas alteren decisiones o que apellidos y posiciones de poder tengan peso en los fallos. Su planteamiento coloca a los tribunales disciplinarios ante una doble exigencia: sancionar conductas indebidas sin interferir en la función jurisdiccional.
La jefa de Gobierno sostuvo que la toga no debe representar privilegio, sino autoridad moral y responsabilidad pública. Bajo esa premisa, señaló que los nuevos órganos disciplinarios deben contribuir a una justicia al servicio de la Constitución, los derechos y la ciudadanía, sin subordinación al gobierno, a las élites económicas o a otros grupos de poder.
El encuentro ocurre en el contexto de la transformación del Poder Judicial derivada de la reforma constitucional de 2024. El nuevo diseño incorporó tribunales de disciplina tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas, mientras que la legislación electoral estableció mecanismos para la elección de integrantes de estos órganos. En el caso de la Ciudad de México, el nuevo modelo contempla cinco magistraturas para su Tribunal de Disciplina Judicial.
Brugada también defendió la elección popular de integrantes del Poder Judicial como un cambio de fondo en la relación entre las instituciones de justicia y la sociedad. Consideró que la transformación debe acompañarse de controles que permitan garantizar que quienes ejercen funciones jurisdiccionales actúen con responsabilidad y bajo principios de independencia, imparcialidad y legalidad.
Durante el encuentro, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, realizó la declaratoria inaugural y destacó la realización de la reunión en la capital del país. La SCJN ha señalado en documentos institucionales relacionados con el nuevo modelo judicial la relevancia de fortalecer la autonomía, independencia, imparcialidad y legitimidad de las instituciones que integran el Poder Judicial.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, consideró que la reunión representa una oportunidad para construir criterios comunes mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los tribunales de las distintas entidades. El objetivo es evitar que la disciplina judicial avance de manera fragmentada y generar referencias compartidas para su aplicación.
La magistrada Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, destacó a su vez la creación de una asociación nacional de tribunales estatales como un espacio permanente de coordinación. Señaló que muchas de las instituciones que participan en el encuentro son de reciente creación y todavía deben construir estructuras, procedimientos, equipos y criterios a partir de su experiencia cotidiana.
El desafío institucional, por tanto, no se limita a establecer nuevos órganos, sino a demostrar que su actuación puede ser eficaz, transparente y jurídicamente sustentada. La experiencia de los primeros meses del nuevo modelo federal muestra que los órganos disciplinarios enfrentan una etapa de construcción institucional y definición de procedimientos, lo que hace especialmente relevante la coordinación entre los ámbitos federal y local.
La discusión planteada en la Ciudad de México coloca así en el centro uno de los principales dilemas de la reforma judicial: cómo fortalecer los mecanismos de control sobre jueces y magistrados sin comprometer la independencia que debe caracterizar a la función jurisdiccional. La respuesta dependerá no sólo de las normas, sino de la forma en que los tribunales de disciplina ejerzan sus atribuciones y construyan precedentes que otorguen certeza jurídica.