Rubén Moreira exige postura federal ante acusaciones contra Rocha Moya

Por Bruno Cortés

En medio de un tema que ya cruzó fronteras, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, puso el dedo en la llaga: el Gobierno Federal tiene que fijar una postura clara frente a las acusaciones que surgieron desde Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En palabras simples, lo que está en juego no es solo un señalamiento, sino la credibilidad del Estado mexicano. Moreira lo planteó sin rodeos: no se puede desviar la atención ni minimizar el tema, se tiene que investigar y dar una respuesta institucional. Es decir, no basta con declaraciones políticas, se necesitan acciones claras.

El legislador recordó que su partido ya había advertido sobre la situación en Sinaloa, y ahora, con estas acusaciones provenientes del extranjero, considera que se confirma un problema de fondo. Desde su perspectiva, cuando hay dudas sobre autoridades, lo primero que debe garantizarse es una investigación a fondo.

Por eso lanzó una propuesta directa: que el gobernador solicite licencia mientras se aclara el caso. Esta figura, en términos prácticos, significa separarse temporalmente del cargo para no interferir en las investigaciones y dar mayor certeza al proceso.

En el mismo tono, el diputado Mario Zamora Gastélum subrayó que la justicia debe aplicarse sin excepciones, pero con responsabilidad del Estado mexicano. También recordó que el PRI impugnó en su momento la elección en Sinaloa e incluso llevó el caso ante la Organización de los Estados Americanos, insistiendo en que las irregularidades no son un tema nuevo.

Moreira fue más allá y planteó que el Senado debería intervenir para llamar a cuentas al gobernador, en un intento por activar los mecanismos de control político que existen en el sistema mexicano. Porque, explicado fácil, cuando hay sospechas sobre autoridades, el Congreso tiene herramientas para exigir explicaciones.

Además, advirtió que la situación ya tiene efectos reales en la vida cotidiana, particularmente en la economía y el turismo de Sinaloa. Cuando hay inseguridad o incertidumbre política, dijo, la inversión se frena y eso termina afectando empleos y desarrollo local.

En otro frente, el diputado aprovechó para hacer un balance del periodo legislativo y lanzó críticas al rumbo económico del país. Señaló que el presupuesto no ha generado crecimiento, que la deuda ha aumentado y que algunas decisiones legislativas han limitado libertades. Es el tipo de debate que, aunque suena técnico, impacta directamente en temas como empleo, precios y oportunidades.

También cuestionó movimientos internos de Morena, como la posible llegada de Ariadna Montiel Reyes a la dirigencia del partido, al considerar que mezclar programas sociales con estructuras partidistas puede abrir la puerta al uso político de recursos públicos.

Sobre el proceso electoral, acusó que hay campañas adelantadas impulsadas desde el poder, lo que —según su visión— representa un riesgo para la equidad democrática. En términos simples, que algunos jugadores podrían estar empezando con ventaja.

Finalmente, defendió la vigencia del PRI y aseguró que el partido sigue activo y reorganizándose, al tiempo que llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta y participar para evitar lo que calificó como un deterioro institucional.

Así, entre acusaciones internacionales, debates sobre seguridad y tensiones políticas internas, el mensaje de Moreira es claro: cuando hay dudas sobre el poder, lo que sigue no es el silencio, sino la rendición de cuentas.