Laura Ballesteros advierte crisis de seguridad entre México y EUA

Por Bruno Cortés

En el Congreso mexicano, donde los debates suelen quedarse en lo técnico, la diputada Laura Ballesteros Mancilla puso sobre la mesa un tema que va más allá de la política interna: el riesgo de que la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad entre en una etapa complicada.

Su diagnóstico es directo. La estrategia de combate al crimen organizado —la famosa “guerra contra el narco” que arrancó con el PAN, siguió con el PRI y se mantuvo con Morena—, dice, no solo no resolvió el problema, sino que lo agravó. En términos sencillos: más violencia, más desapariciones y un país donde el crimen sigue teniendo fuerza.

Ballesteros señala que uno de los principales errores fue apostar por una estrategia militarizada. ¿Qué significa eso? Que en lugar de fortalecer policías civiles y sistemas de justicia, se priorizó el uso de fuerzas armadas. El resultado, según su visión, ha sido un efecto dominó: comunidades vulnerables más expuestas, jóvenes reclutados por el crimen y un tejido social cada vez más debilitado.

Además, conecta esta crisis con factores que muchas veces se dejan de lado en el discurso político: corrupción, abuso de poder y falta de oportunidades. Dicho de otra forma, no es solo un tema de balas, sino de condiciones sociales que permiten que el crimen crezca.

En este contexto, la diputada también abrió otro frente: el de la rendición de cuentas. Recordó que presentó, junto con colectivos de familiares de desaparecidos, cinco solicitudes de juicio político contra Rosario Piedra Ibarra, a quien acusa de negligencia y omisiones frente a la crisis de desapariciones.

Aquí entra un punto delicado. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugirió que se analice si la condición personal de Piedra Ibarra —como familiar de una persona desaparecida— podría influir en el proceso. Para Ballesteros, eso abre un debate equivocado: el de si alguien puede o no ser juzgado por su historia personal, cuando lo que debería evaluarse es su desempeño como funcionaria.

En términos de política pública, esto es clave. Las instituciones, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, están diseñadas para defender a las víctimas. Si no cumplen esa función, el sistema pierde credibilidad. Y si además no hay mecanismos claros para sancionar fallas, el problema se agrava.

Por eso, la legisladora anunció que ya pidió formalmente a comisiones de la Cámara de Diputados que informen en qué estado están estas solicitudes de juicio político. También exigió que se instale la Subcomisión de Examen Previo, que es el primer filtro para que estos casos avancen.

En pocas palabras, lo que busca es que el tema no se quede congelado en el Congreso, algo bastante común cuando se trata de procesos incómodos políticamente.

Finalmente, adelantó que su bancada insistirá en que este asunto se discuta en un próximo periodo extraordinario. Porque, más allá del debate político, lo que está en juego —según su postura— es si el Estado mexicano está respondiendo o no a una de las crisis más dolorosas del país: la de las personas desaparecidas.