Por Bruno Cortés
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) entregó formalmente al Senado de la República el informe de resultados sobre el proceso de planeación para la consulta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El documento establece la hoja de ruta técnica para integrar las opiniones de 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional (CANAPIA). El objetivo es armonizar el marco legal con la reciente reforma constitucional antes de la presentación formal ante el Congreso el 12 de octubre de 2026.
La base operativa de la consulta incluye a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano, garantizando la inclusión de núcleos poblacionales que, aun sin estar en el catálogo oficial, cumplan con los criterios de autoadscripción e identidad. El diseño del proceso considera la validación a través de las autoridades tradicionales y representantes institucionales de cada comunidad. Este ejercicio de democracia participativa busca dotar de legitimidad jurídica a la iniciativa mediante el consenso comunitario.
La estructura administrativa del proceso ha requerido la coordinación de 21 dependencias del Gobierno Federal integradas en un Comité Técnico Interinstitucional. Este comité, junto con un Órgano Técnico y el Comité Técnico Asesor, ha consolidado el instrumento que será sometido a consulta. Desde diciembre de 2024, se han realizado ocho sesiones técnicas de trabajo para blindar la iniciativa de ley contra futuras controversias constitucionales.
El calendario de la consulta se divide en etapas precisas: la fase informativa inició el 1 de julio y concluirá el 6 de agosto. Posteriormente, se dará paso a la etapa deliberativa, donde cada comunidad establecerá sus mecanismos internos de debate. Esta organización busca asegurar que el flujo de información sea accesible, claro y pertinente para las autoridades comunitarias, reduciendo el margen de error en la sistematización de las propuestas.
Entre el 7 de agosto y el 13 de septiembre se realizarán 82 asambleas regionales para procesar las recomendaciones y conclusiones. Cada una de estas asambleas contará con el soporte técnico de las comisiones del Congreso y la observación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este sistema permite centralizar los datos en una matriz de propuestas que dará forma final al texto legislativo que será discutido en el periodo ordinario del Poder Legislativo.
La política pública contempla una fase final de implementación y seguimiento para integrar las recomendaciones recolectadas durante las 82 sesiones regionales. El propósito es que la Ley General sea un reflejo fiel de las necesidades territoriales y no solo una construcción normativa centralizada. El INPI reportó que la logística de cada asamblea cuenta con fondos etiquetados para cubrir gastos de traslado, traducción y difusión del contenido normativo.
El proceso concluirá en la fecha emblemática del Día de la Nación Pluricultural, cuando el proyecto sea presentado formalmente ante las cámaras. La sistematización de la información recolectada servirá como base para los reglamentos secundarios que definirán el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos afromexicanos y originarios en el próximo ejercicio fiscal.