PT impulsa prohibir fracking en la Constitución

Por Bruno Cortés

En el Congreso volvió a encenderse un debate que mezcla energía, medio ambiente y decisiones de largo plazo: el uso del fracking en México. Esta técnica, que se utiliza para extraer gas y petróleo del subsuelo, está otra vez en la mira de legisladores que buscan prohibirla de forma definitiva.

El diputado Adrián González Naveda, del PT, fue claro al fijar postura: su propuesta es llevar la prohibición del fracking hasta la Constitución. ¿Qué significa esto en términos simples? Que ya no sería una decisión que cambie con cada gobierno, sino una regla permanente que impediría su uso en todo el país.

La razón, explica el legislador, tiene que ver con los impactos que esta práctica ha generado en otras regiones: contaminación del agua, afectaciones al territorio y conflictos sociales en comunidades donde se implementa. Desde su perspectiva, el costo ambiental y social es demasiado alto frente a los beneficios.

Pero el punto más interesante del debate está en la llamada “soberanía energética”. Este concepto, que se escucha mucho en política, se refiere a que México pueda producir su propia energía sin depender del extranjero. El fracking, en teoría, ayudaría a lograrlo al aumentar la producción de gas.

Sin embargo, González Naveda lo descarta: asegura que no garantiza esa independencia y que, en cambio, sí genera problemas en las comunidades. Por eso insiste en que no se trata solo de energía, sino de proteger recursos básicos como el agua.

Aquí entra otro elemento clave: la participación de las comunidades. La propuesta plantea que cualquier decisión sobre este tipo de proyectos debe contar con el aval de los pueblos originarios mediante consultas. Es decir, que no se impongan desde el centro, sino que se escuche a quienes viven en los territorios.

Desde Morena, también se reconoce que el tema no es sencillo. Hay una tensión clara entre producir energía y cuidar el medio ambiente. En pocas palabras, el gobierno tiene que decidir entre impulsar más producción de gas o evitar daños ecológicos y sociales que podrían ser irreversibles.

Mientras tanto, en comunidades como la Huasteca potosina, la preocupación es concreta: el acceso al agua ya es limitado y existe el temor de que el fracking pueda contaminar ríos, pozos y manantiales de los que dependen miles de personas.

Por eso, más allá del discurso político, lo que está en juego es una decisión de fondo sobre el modelo energético del país: apostar por extraer más recursos a cualquier costo o poner límites para proteger el medio ambiente y a las comunidades.

La discusión apenas empieza, pero lo que ocurra en el Congreso podría definir cómo México produce energía en los próximos años.