Ciudad de México, 12 de agosto de 2026.— La contaminación acústica se mantiene como uno de los problemas urbanos que afectan la calidad de vida en la Ciudad de México, ante una exposición cotidiana a niveles elevados de ruido y una respuesta institucional que todavía requiere mayor coordinación, regulación y vigilancia. Autoridades, especialistas y legisladores coincidieron en la necesidad de establecer soluciones de fondo y evitar que la población siga normalizando el ruido excesivo.
Durante la mesa de trabajo “Espacios públicos compartidos: el reto del ruido en la CDMX”, realizada el pasado 6 de agosto en el Congreso capitalino, participantes de distintas instituciones analizaron los efectos del ruido sobre la salud física y mental, así como los retos para regular fuentes provenientes de establecimientos, industrias, obras, vehículos, espectáculos y eventos masivos.
La diputada Leonor Gómez Otegui, de Morena, sostuvo que la contaminación acústica debe ser considerada uno de los desafíos ambientales y urbanos de la capital. Señaló que la Ciudad de México ocupa, de acuerdo con la referencia presentada durante el encuentro, el octavo lugar entre las ciudades más ruidosas del mundo y el primero en América Latina.
La legisladora advirtió que el problema trasciende la molestia cotidiana, pues la exposición constante al ruido puede afectar el descanso, incrementar el estrés y deteriorar las condiciones de convivencia, además de tener repercusiones en actividades escolares y laborales. En este contexto, cuestionó la idea de que vivir en una metrópoli implica necesariamente renunciar a espacios de tranquilidad.
Gómez Otegui recordó que en septiembre de 2025 presentó una iniciativa para expedir una Ley de Control de Ruido para la Ciudad de México, con la intención de establecer disposiciones específicas para distintas fuentes emisoras. La propuesta contempla actividades de establecimientos mercantiles, industrias, obras, vehículos, espectáculos y eventos masivos.
Durante la discusión también se planteó que uno de los obstáculos para atender el problema es la propia normalización social del ruido. Los participantes señalaron que en la capital se registran alrededor de 70 decibeles en promedio, situación que se vuelve más compleja cuando la población se acostumbra a niveles elevados de sonido y deja de identificar sus posibles impactos.
Patricia Ramírez Kuri, titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), destacó la importancia de diferenciar entre sonido y ruido, al considerar que esta distinción podría contribuir a modificar la manera en que se aborda el fenómeno desde la planeación urbana y mejorar la experiencia cotidiana de quienes habitan la ciudad.
La funcionaria planteó que cualquier transformación debe incorporar la participación ciudadana y una estrategia pedagógica que permita reconocer tanto los sonidos característicos de la capital como aquellos que pueden representar una afectación. Desde esta perspectiva, el reto no consiste únicamente en reducir decibeles, sino en construir criterios para una convivencia adecuada en espacios públicos compartidos.
En la mesa participaron representantes del IPDP, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y especialistas en acústica medioambiental y control del ruido.
Los participantes coincidieron en que una política efectiva requiere coordinación entre autoridades, industrias, empresas, establecimientos mercantiles y vecinos. También consideraron necesario fortalecer las normas y explorar mecanismos de autorregulación que permitan reducir las emisiones sonoras sin trasladar toda la responsabilidad a una sola institución.
El planteamiento abre, sin embargo, un desafío adicional: convertir los diagnósticos y propuestas legislativas en mecanismos verificables de cumplimiento. La regulación del ruido enfrenta dificultades relacionadas con la medición, la identificación de responsables, la vigilancia y la aplicación de sanciones, por lo que una nueva legislación tendría que acompañarse de capacidades institucionales suficientes.
La discusión en el Congreso capitalino coloca nuevamente la contaminación acústica en la agenda pública y plantea la necesidad de que el crecimiento urbano no sea entendido como una justificación para tolerar niveles excesivos de ruido. El reto será traducir la preocupación expresada por autoridades y especialistas en políticas públicas capaces de generar resultados medibles para la población.
Fuentes: Congreso de la Ciudad de México, Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), PAOT e INVEA.