Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue detenido la tarde del 16 de julio en Ensenada y trasladado vía terrestre a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tijuana, donde se le practicaron exámenes médicos antes de ser presentado ante el juez que ordenó su captura.
La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como resultado de una investigación federal relacionada con operaciones de contrabando de combustible. Ruffo fue conducido esposado y bajo custodia en un vehículo oficial.
La FGR informó que el Ministerio Público Federal obtuvo la orden por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando. La dependencia todavía no ha dado a conocer el número de la causa penal, la identidad del juez, las operaciones específicas atribuidas al exmandatario ni los nombres de otros posibles implicados.
La investigación está relacionada con Ingemar, S.A. de C.V., empresa importadora de combustibles de la cual Ruffo es accionista. Las autoridades indagan si mediante esa compañía se introdujeron al país volúmenes de gasolina y diésel superiores a los declarados ante las aduanas, con el propósito de evadir contribuciones.
El expediente tiene su origen en el aseguramiento de 129 carrotanques y 15 millones 480 mil litros de combustible realizado en julio de 2025 en Coahuila. En Ramos Arizpe fueron localizados 33 carrotanques con 3 millones 960 mil litros, mientras que en Saltillo se encontraron otros 96 con 11 millones 520 mil litros.
Las unidades no contaban con documentación suficiente para acreditar el traslado legal y la procedencia lícita del combustible. El operativo fue presentado por el Gabinete de Seguridad como el mayor aseguramiento de hidrocarburos registrado hasta ese momento durante la administración de Claudia Sheinbaum.
Las investigaciones posteriores colocaron bajo revisión las operaciones de Ingemar y de compañías relacionadas con la compra, transporte y comercialización del producto, entre ellas Belar Fuels Company, Crismon Hidrocarburos, Lambrucar e Industriales Fundentes. La Fiscalía deberá determinar qué papel tuvo cada empresa dentro de la ruta del combustible desde Estados Unidos hasta México.
El supuesto esquema consistía en declarar ante las autoridades cantidades inferiores a las transportadas. Para ello, según las indagatorias, se habrían utilizado facturas, pedimentos y fichas de embarque con datos que no correspondían con la carga real de los ferrotanques.
Ingemar contaba con cuatro permisos para importar 216 millones de litros de gasolina regular, 102 millones 240 mil litros de gasolina prémium, 173 millones 280 mil litros de diésel y 7 millones 200 mil litros de turbosina. En conjunto, las autorizaciones comprendían 498 millones 720 mil litros.
La existencia de esos permisos no elimina la posibilidad de un delito. El punto que busca acreditar el Ministerio Público es si la empresa introdujo cantidades diferentes a las reportadas, omitió contribuciones o participó en el transporte y comercialización de combustible de procedencia ilícita.
Uno de los aspectos que deberá aclarar la FGR es la descripción de Ingemar como una empresa fundada por Ruffo. Los registros corporativos disponibles señalan que la compañía fue constituida en octubre de 2018 por José Merino Valdés Cuervo y empresas relacionadas con Ricardo Thompson, mientras que el exgobernador se incorporó como accionista en octubre de 2021.
Para 2022, Ruffo aparecía con 30 mil de las 110 mil acciones registradas, equivalentes a alrededor de 27% del capital. La calidad de accionista, por sí sola, no acredita responsabilidad penal, por lo que la Fiscalía deberá demostrar que conoció, autorizó, dirigió o se benefició de las operaciones investigadas.
Ricardo Thompson Navarro, uno de los fundadores de Ingemar, pidió desde julio de 2025 que se investigara a sus socios. También sostuvo que Ruffo y José Merino Valdés lo desplazaron del control de la empresa mediante asambleas y aumentos de capital. Estas declaraciones forman parte del contexto corporativo, pero no constituyen una resolución judicial.
Ruffo negó anteriormente cualquier participación en operaciones ilegales. Aseguró que Ingemar realizaba trámites de importación y que, una vez cruzada la aduana, el combustible era entregado a las empresas encargadas de su comercialización y transporte.
El exmandatario reconoció que una parte del combustible importado por Ingemar pudo haber viajado en los trenes asegurados en Coahuila, pero afirmó que el volumen decomisado no pertenecía completamente a la compañía. También sostuvo que los documentos de sus operaciones habían sido revisados por Aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía.
En noviembre de 2025, Ruffo acudió voluntariamente ante la FGR en la Ciudad de México en calidad de testigo. En aquella comparecencia afirmó que el huachicol fiscal se originaba en los controles aduanales y manifestó su disposición a seguir colaborando. Al concluir la diligencia se retiró sin restricciones.
El PAN de Baja California calificó la detención como injustificada y pidió que el proceso se conduzca con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. Somos México, organización en cuyo Consejo Consultivo participaba Ruffo, exigió su liberación y sostuvo que el caso tiene motivaciones políticas.
La audiencia inicial permitirá conocer la imputación completa, las fechas y operaciones atribuidas a Ruffo y la evidencia reunida por la Fiscalía. El juez deberá resolver si existen datos suficientes para vincularlo a proceso y qué medida cautelar será aplicada mientras continúa la investigación.