La cifra de personas fallecidas por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio continúa en aumento. Este viernes, las autoridades informaron que el número de víctimas mortales ascendió a 5,069, luego de confirmarse 139 nuevos decesos, mientras que la cantidad de heridos se mantiene en 16,740.
El nuevo balance fue dado a conocer por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien señaló además que 17,907 personas continúan sin vivienda como consecuencia de los daños provocados por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, considerados entre los más devastadores registrados recientemente en el país.
De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades venezolanas han brindado apoyo a 128,324 familias afectadas, mientras que 21,235 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios, habilitados para atender a quienes perdieron sus hogares o viven en zonas consideradas de riesgo.
El informe también indica que, desde el día del desastre, se han registrado 1,331 réplicas, reflejo de la intensa actividad sísmica que continúa en la región. La más fuerte ocurrió el 10 de julio, cuando un temblor de magnitud 3.9 se registró a unos 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, la entidad que sufrió las mayores afectaciones durante el doble terremoto.
Esa réplica provocó momentos de tensión entre la población, ya que obligó a evacuar de manera preventiva diversos edificios ante el temor de nuevos colapsos.
Frente a la magnitud de la emergencia, el Gobierno venezolano puso en marcha un censo biométrico con el objetivo de determinar el número exacto de viviendas que deberán construirse para atender a las familias damnificadas. La estimación preliminar apunta a que serán necesarias alrededor de 25,000 nuevas viviendas para responder a la demanda generada por el desastre.
Como parte de la estrategia de reconstrucción, la Asamblea Nacional aprobó esta semana, en primera discusión, una reforma a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, cuyo propósito es agilizar la construcción de viviendas y facilitar la participación del sector privado.
El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, explicó que la iniciativa busca ofrecer mayor seguridad jurídica y mecanismos de financiamiento que permitan impulsar un «proceso agresivo» de edificación de casas para atender a las miles de familias que perdieron su patrimonio tras los terremotos.