Sheinbaum sobre indagatoria de FGR contra Guadalupe Taddei
FGR determinará si procede juicio penal contra Guadalupe Taddei por presuntas irregularidades administrativas en el INE.
Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía General de la República (FGR) determinará si existen los elementos jurídicos necesarios para iniciar un proceso penal en contra de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, declaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa del 9 de noviembre de 2026.
La postura del Ejecutivo federal responde a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público de la Federación por presuntas anomalías en el manejo presupuestal y contrataciones administrativas dentro del órgano electoral, expediente que actualmente se encuentra en fase de integración técnica por parte de los fiscales especializados.
Los registros financieros de la investigación preliminar señalan la fiscalización de contratos operativos por un monto estimado de 45 millones de pesos, correspondiente a licitaciones otorgadas durante el ejercicio fiscal anterior para servicios de logística y tecnologías de la información.
De acuerdo con el procedimiento marco de la FGR, el Ministerio Público dispone de un plazo reglamentario para solicitar la comparecencia de los funcionarios involucrados y evaluar si las inconsistencias detectadas constituyen delitos de carácter penal o meras faltas de índole administrativa.
La titular del Ejecutivo enfatizó que la Presidencia de la República mantendrá una postura institucional de no intervención en el desarrollo de la carpeta de investigación, dejando la resolución formal en manos de los tribunales correspondientes y de los órganos de control presupuestal.
Por su parte, los análisis contables del Poder Judicial de la Federación indican que el proceso de judicialización, en caso de acreditarse responsabilidad penal, requerirá el desahogo de peritajes financieros adicionales por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
El pronunciamiento presidencial reafirma la autonomía formal de las fiscalías en la revisión del ejercicio de los recursos públicos atribuidos a organismos constitucionales autónomos, en un entorno de vigilancia sobre la transparencia institucional.
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