Sheinbaum desmiente acuerdo con Grupo México por Río Sonora
La presidenta Claudia Sheinbaum aclara que no existe un acuerdo firmado con Grupo México para la remediación ambiental del Río Sonora.
Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, desmintió la existencia de un convenio formalizado entre el gobierno federal y la empresa Grupo México respecto a la remediación ambiental y económica de la cuenca del Río Sonora, contradiciendo declaraciones previas sobre el estado de las negociaciones.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal puntualizó que, si bien existen mesas de diálogo abiertas con la compañía minera Buenavista del Cobre, hasta el momento no se ha rubricado ningún documento legal que comprometa el saneamiento definitivo de la zona afectada por el derrame tóxico de 2014.
Los datos técnicos presentados por las secretarías de Medio Ambiente y Salud indican que más de veintidós mil habitantes de la región continúan expuestos a concentraciones residuales de metales pesados en mantos acuíferos superficiales y pozos de extracción agrícola.
El análisis financiero de los pasivos ambientales acumulados señala que los costos de mitigación superan los veinte mil millones de pesos, una cifra que los corporativos mineros han intentado negociar mediante esquemas de aportaciones diferidas y auditorías independientes.
Asimismo, los reportes jurídicos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal muestran que los litigios interpuestos por comunidades afectadas suman más de cuarenta amparos activos en tribunales colegiados de circuito, retrasando la ejecución de órdenes de reparación integral.
El desglose presupuestal del fondo de remediación establece que las dependencias federales han destinado recursos extraordinarios por mil quinientos millones de pesos para la instalación de plantas potabilizadoras provisionales en los municipios ribereños afectados.
La conclusión central del informe oficial subraya que cualquier solución definitiva al conflicto ecológico requerirá un marco contractual con garantías de cumplimiento obligatorio y supervisión estricta por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
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