Gobierno expropia terrenos en Toniná para su preservación

La recuperación de 9.22 hectáreas dentro de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Zona Arqueológica de Toniná marca un giro relevante en la política de conservación del patrimonio en el sureste del país. Con la publicación de un decreto presidencial, el Estado mexicano tomó posesión de estos terrenos para reforzar la protección y la investigación de uno de los complejos mayas más importantes de Chiapas.

El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicado el 2 de marzo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, establece que la superficie expropiada —antes de propiedad privada— pasa al resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La medida se sustenta en una causa de utilidad pública promovida desde diciembre de 2025 por la Secretaría de Cultura y el propio instituto.

En términos prácticos, esto significa que el INAH podrá ocupar de inmediato los terrenos y garantizar su manejo bajo criterios técnicos especializados. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que la acción fortalece la capacidad del Estado para preservar el patrimonio arqueológico, sostener tareas permanentes de conservación y restauración, y ampliar la investigación científica en la zona.

Toniná no es un sitio menor. Se trata de uno de los conjuntos arquitectónicos más imponentes del área maya, conocido por su acrópolis levantada sobre un basamento piramidal que supera los 70 metros de altura. Su relevancia histórica radica en el desarrollo político y cultural que alcanzaron las civilizaciones originarias en las montañas chiapanecas.

La decisión también tiene implicaciones regionales. El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, respaldó la expropiación y la calificó como una muestra de compromiso federal con el patrimonio y con el estado. Desde la perspectiva local, la medida podría detonar un modelo de turismo responsable en el Valle de Ocosingo, generando derrama económica sin comprometer la integridad del sitio.

De acuerdo con información oficial, el INAH implementará un programa integral de reactivación que contempla diseñar una ruta para la eventual reapertura del espacio bajo condiciones adecuadas de seguridad, conservación y control institucional. El objetivo es equilibrar el acceso público con la preservación de largo plazo.

Más allá del acto jurídico, el decreto coloca en el centro un tema de fondo: el papel del Estado como garante del patrimonio cultural. En un país con una vasta riqueza arqueológica, la protección de estos espacios no solo implica resguardar vestigios del pasado, sino garantizar derechos culturales y acceso al conocimiento para futuras generaciones.