Por Bruno Cortés
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo presentó una iniciativa de reforma legal para crear una figura jurídica específica dentro del Código Penal Federal que castigue el feminicidio infantil con penas de 60 a 80 años de cárcel. El proyecto propone que las agresiones fatales cometidas contra mujeres menores de 18 años por razones de género dejen de procesarse bajo el tipo penal genérico y reciban una sanción agravada desde la primera etapa de la investigación judicial.
Para entender el alcance de una política pública en el sistema penal, hay que verla como el conjunto de reglas e instrucciones que determinan cómo el Estado utiliza su presupuesto y sus tribunales para combatir un delito concreto. Cuando la ley no diferencia el asesinato de una niña del de una persona adulta, los Ministerios Públicos carecen de protocolos financieros y ministeriales especializados. Eso provoca que los recursos destinados a investigar la violencia de género se distribuyan de forma ineficiente, dejando lagunas operativas en la recolección de pruebas y en la atención a las familias de las víctimas.
La propuesta contempla modificar además la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de Víctimas para cerrar cualquier rendija de beneficios penitenciarios. Bajo este esquema, quienes sean condenados por feminicidio infantil no podrán acceder a la libertad anticipada, preliberación, reducción de pena ni amnistía, obligando al sistema carcelario a mantener la custodia total del infractor durante el cumplimiento de la sentencia impuesta por el juez.
Desde la perspectiva económica y administrativa, la reforma plantea multas de 1,000 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para los agresores, lo que equivale a montos económicos que incrementan el costo financiero de los procesos de reparación del daño. La medida busca generar un impacto disuasivo directo mediante el uso de indicadores monetarios regulados por la ley, canalizando los recursos cobrados hacia los fondos públicos de apoyo a víctimas de delitos violentos.
Un punto relevante de la iniciativa promovida por el legislador del Partido Verde Ecologista de México es la declaración de imprescriptibilidad para el delito y la pena. Esto significa que el paso del tiempo no borrará la obligación del Estado para perseguir, capturar y procesar a los responsables, eliminando las fechas de caducidad que actualmente archivan miles de expedientes por falta de avance en las fiscalías estatales.
El expediente de la reforma fue turnado de manera directa a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis técnico, discusión y posterior elaboración del dictamen correspondiente. En esa mesa de trabajo, las distintas fuerzas políticas deberán evaluar la viabilidad presupuestal y operativa para que las fiscalías del país puedan aplicar el nuevo tipo penal sin saturar los tribunales de juzgamiento.
La propuesta de Felipe Miguel Delgado Carrillo busca modificar la métrica de castigo dentro de la política criminal del país frente a la violencia contra la niñez. Si el pleno del Congreso aprueba el dictamen en los términos planteados, las fiscalías de todo México estarán obligadas a reclasificar sus carpetas de investigación existentes, ajustando sus presupuestos y métodos de persecución penal bajo el nuevo marco legal.