EU revoca visa a Rubén Rocha Moya; advierten posibles cargos federales

Por Juan Pablo Ojeda

El Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó en 2025 la visa de entrada al país del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmaron fuentes periodísticas tras una investigación de Steve Fisher, corresponsal de Los Angeles Times. Este movimiento administrativo, que no había sido divulgado oficialmente, ocurre en un contexto de creciente presión diplomática estadounidense sobre la administración estatal y federal mexicana respecto al cumplimiento de cláusulas anticorrupción del T-MEC.

La medida restrictiva se suma a un listado de funcionarios públicos y legisladores del partido Morena, incluyendo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quienes actualmente enfrentan restricciones similares para ingresar a territorio estadounidense. La revocación de estos documentos migratorios funciona como una señal técnica preliminar de las investigaciones que el Departamento de Justicia estadounidense mantiene abiertas contra servidores públicos en México.

Durante una visita oficial a Los Mochis, Sinaloa, con motivo del anuncio de inversión de 3 mil 300 millones de dólares para el complejo Pacífico Mexinol, el embajador Ronald Johnson subrayó que el T-MEC obliga a los estados parte a tipificar el soborno y la corrupción como delitos federales. Johnson advirtió formalmente que podrían visualizarse «medidas significativas» en el corto plazo como resultado de las fiscalizaciones binacionales.

El esquema de presión de la administración Trump, según lo reportado por Los Angeles Times, sugiere una estrategia que trasciende las revocaciones de visas. Expertos consultados indican que las agencias federales estadounidenses están recolectando evidencia para la posible presentación de cargos formales (indictments) contra funcionarios mexicanos de alto nivel, basándose en la presunta colusión con intereses criminales que históricamente han marcado la operativa política en la región.

El evento en Los Mochis estuvo marcado por una logística inusual. La irrupción de manifestantes obligó a un cambio de sede de último minuto y evitó la foto oficial entre el gobernador Rocha Moya y el embajador Johnson. Este distanciamiento físico durante la ceremonia de la primera piedra del complejo industrial fue interpretado por analistas como un reflejo de la tensión diplomática existente ante el estatus migratorio del mandatario.

El embajador Johnson ha adoptado una postura proactiva desde el inicio de su gestión en México, diferenciándose de las formas diplomáticas tradicionales. Su advertencia en suelo sinaloense busca establecer un precedente sobre la exigencia de transparencia y cumplimiento de las normas anticorrupción estipuladas en los acuerdos comerciales vigentes, dejando claro que el umbral de tolerancia para funcionarios vinculados a ilícitos financieros es decreciente.

La narrativa de la administración estadounidense se centra ahora en el seguimiento de los flujos de capital ilícito. La estrategia no se limita a sanciones administrativas, sino que apunta hacia procesos judiciales internacionales. La situación del gobernador Rocha Moya representa, de acuerdo con el reporte, uno de los puntos más críticos dentro de una campaña de fiscalización que se anticipa «fuerte y amplia» contra integrantes del partido en el poder en México.