Lead. Una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), presentada en Aristegui Noticias por el reportero Eduardo Buendía, documentó convenios entre Morena y Finabien para dispersar miles de pagos clasificados administrativamente como apoyos sociales y económicos.
Los documentos revisados ubican el inicio del esquema en un convenio firmado en junio de 2022, durante la dirigencia partidista de Mario Delgado. El instrumento permaneció vigente hasta el 28 de junio de 2024, en la etapa final del proceso electoral federal.
El convenio contemplaba un mecanismo de giro telegráfico para grandes usuarios y una meta de 252 mil pagos a beneficiarios. Una auditoría interna reportó que al menos 140 mil transacciones se habían ejecutado antes del corte de junio de 2024.
El Órgano Interno de Control de Finabien señaló irregularidades operativas en la ejecución del contrato. Entre ellas se incluyeron la falta de aplicación de protocolos previstos en la legislación antilavado y en disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El informe también detectó desajustes en el timbrado de facturas y expedientes cronológicos incompletos. Estos hallazgos corresponden a observaciones de control interno y no constituyen por sí mismos una sentencia o una determinación penal.
El mecanismo se habría reactivado el 21 de abril de 2025 mediante un segundo contrato con términos similares. Esa operación ocurrió durante la dirigencia encabezada por Luisa María Alcalde y con Andrés Manuel López Beltrán en la secretaría de organización, según la información proporcionada.
Las respuestas de Finabien a solicitudes de transparencia no desglosan los montos globales dispersados ni las cuentas bancarias de origen del partido. Esa falta de detalle deja abiertas preguntas sobre el origen de los recursos y la trazabilidad de los pagos.
Especialistas en materia electoral consultados por la investigación señalaron que la legislación no faculta a los partidos para repartir dádivas o apoyos asistenciales de manera directa. La interpretación deberá contrastarse con los contratos, los informes de fiscalización y las respuestas de las instituciones involucradas.
Hasta el momento, la dirigencia de Morena no habría respondido de manera pública a las solicitudes relacionadas con la procedencia de los fondos y su inclusión en los informes entregados al Instituto Nacional Electoral.
El caso plantea una discusión doble: el cumplimiento de controles antilavado por parte de una institución pública y los límites de la actividad partidista durante procesos electorales. También subraya la importancia de publicar expedientes completos y verificables.
La investigación de MCCI y el reporte de Aristegui Noticias deben leerse junto con los documentos oficiales, las observaciones del OIC y las respuestas de Morena y Finabien. Las responsabilidades, si las hubiera, deberán establecerse por las autoridades competentes.
Datos clave: convenio inicial de 2022; vigencia hasta junio de 2024; 252 mil pagos previstos; al menos 140 mil transacciones reportadas; segundo contrato en abril de 2025; montos y cuentas de origen no desglosados en las respuestas citadas.
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