Adjudicaciones directas dominaron las contrataciones del INE durante la gestión de Lorenzo Córdova

La contratación de bienes y servicios del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello estuvo marcada por un amplio predominio de las adjudicaciones directas frente a las licitaciones públicas. De acuerdo con un análisis realizado por MILENIO a partir de los registros disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), entre 2019, 2021, 2022 y 2023 se contabilizaron 171 mil 323 adjudicaciones directas, frente a apenas 539 licitaciones públicas.

La diferencia equivale a una proporción de casi 318 adjudicaciones directas por cada licitación pública, un contraste que pone bajo la lupa los mecanismos utilizados por el organismo electoral para ejercer sus recursos durante esos años.

En términos económicos, las cifras también muestran una mayor concentración del gasto en contrataciones sin concurso abierto. Las adjudicaciones directas acumularon 3 mil 608 millones 880 mil 854 pesos, equivalentes a 57.75 por ciento de los 6 mil 249 millones 631 mil 759 pesos identificados en el periodo analizado.

Por su parte, las licitaciones públicas representaron 2 mil 438 millones 273 mil 113 pesos, es decir, 39.01 por ciento del monto total. Esto significa que la diferencia entre ambas modalidades alcanzó mil 170 millones 607 mil 741 pesos y que, por cada peso destinado a licitaciones públicas, el instituto registró 1.48 pesos en adjudicaciones directas.

Aunque la brecha en el número de procedimientos es mucho más pronunciada que la diferencia en los recursos ejercidos, los resultados permiten dimensionar el peso que tuvieron las contrataciones directas dentro de la actividad administrativa del INE.

Es importante precisar que el análisis comprende únicamente los cuatro años revisados y no representa necesariamente la totalidad de los contratos celebrados durante la presidencia de Córdova. Asimismo, recurrir a una adjudicación directa no constituye por sí mismo una irregularidad, ya que la legislación contempla supuestos específicos en los que las instituciones públicas pueden utilizar esta modalidad.

Sin embargo, la magnitud de los registros abre interrogantes sobre las razones que justificaron su utilización, las condiciones de selección de los proveedores y los mecanismos de supervisión aplicados para garantizar que las compras se realizaran en condiciones adecuadas.

Investigaciones sobre proveedores alcanzan a dos administraciones

Los datos sobre las contrataciones de la gestión de Córdova adquieren relevancia en medio de las investigaciones que actualmente examinan el manejo de recursos públicos del INE y que inicialmente concentraron la atención en la administración de Guadalupe Taddei.

El caso surgió a partir de señalamientos sobre una presunta red de empresas proveedoras de materiales electorales, entre ellos urnas, mamparas, boletas y otros insumos utilizados durante los procesos comiciales.

En el centro de las indagatorias aparecen los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, relacionados con distintas compañías que durante varios años participaron en procedimientos de contratación del INE y de organismos electorales estatales.

Entre las empresas mencionadas en las investigaciones figuran Cajas Graf, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México y Diseño, Reconstrucción y Comunicación.

Las autoridades buscan determinar si existieron vínculos entre estas compañías que les permitieran aparentar competencia en los procedimientos de contratación, influir en los precios de los productos o conseguir contratos mediante mecanismos presuntamente irregulares.

Uno de los aspectos que amplió el alcance de las investigaciones fue la identificación de antecedentes comerciales de algunas de estas empresas durante la presidencia de Lorenzo Córdova.

De acuerdo con registros públicos examinados por MILENIO, Cajas Graf, Corporativo ZEG y Formas Finas y Materiales ya participaban en procedimientos para suministrar materiales electorales antes de que Guadalupe Taddei asumiera la presidencia del instituto, en abril de 2023.

Esta presencia no significa necesariamente que todas las compañías hayan obtenido los contratos en los procedimientos donde participaron, ni demuestra por sí misma que existieran acuerdos ilegales. No obstante, permite establecer que algunas de las firmas actualmente bajo escrutinio ya tenían actividad en el mercado de proveeduría electoral durante administraciones anteriores.

La revisión también se extendió a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), responsables de organizar las elecciones en las entidades federativas. Según la información presentada por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE ante la Cámara de Diputados, las contrataciones relacionadas con esta red empresarial alcanzaron aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos al considerar tanto al organismo nacional como a los institutos electorales locales.

Órgano Interno de Control investiga posibles irregularidades

Las indagatorias también pusieron bajo observación a las instancias encargadas de vigilar que las contrataciones del INE se realizaran conforme a la normatividad y sin afectar los recursos públicos.

En un informe presentado ante la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control, reportó la apertura de 16 expedientes de investigación durante 2025 y 2026.

De ese total, 11 están relacionados con contrataciones públicas e involucran al menos a 15 servidores y exservidores públicos, ocho personas físicas y 18 empresas. A estos procedimientos se suman otras 25 investigaciones derivadas de auditorías y revisiones de control.

Entre las posibles conductas examinadas se encuentran conflictos de interés, incumplimientos o irregularidades en los requisitos de contratación, deficiencias en la supervisión de los bienes y servicios adquiridos y eventuales afectaciones al patrimonio público.

La revisión de estos expedientes también plantea interrogantes sobre la capacidad de los mecanismos internos para identificar oportunamente posibles anomalías y evitar que las deficiencias administrativas se traduzcan en un uso inadecuado del presupuesto.

Por ello, el alcance del caso ya no se limita a identificar qué empresas recibieron contratos o cuánto dinero obtuvieron, sino que también contempla analizar cómo fueron seleccionadas, qué condiciones se establecieron para las adquisiciones y si los controles institucionales funcionaron de manera adecuada.

INE solicita auditoría extraordinaria para revisar una década de contratos

Ante la dimensión de los señalamientos, el Consejo General del INE aprobó el pasado 5 de noviembre un plan de auditorías y controles destinado a atender las dudas sobre los procedimientos de contratación del organismo.

Una de las medidas centrales consiste en solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización extraordinaria de las compras, arrendamientos y servicios contratados entre 2016 y 2026.

La revisión abarcaría una década de operaciones administrativas, por lo que incluiría tanto la etapa de Lorenzo Córdova al frente del instituto como la administración de Guadalupe Taddei.

El propósito es ampliar el análisis más allá de los contratos recientes y determinar si las posibles irregularidades corresponden a situaciones aisladas o si existieron prácticas que pudieron mantenerse a lo largo de distintas presidencias.

En este contexto, los registros analizados por MILENIO aportan un antecedente relevante para dimensionar la contratación pública del INE: durante cuatro años de la gestión de Córdova, las adjudicaciones directas dominaron ampliamente en número y concentraron más de la mitad de los recursos identificados.

La auditoría extraordinaria permitirá examinar con mayor profundidad las condiciones en las que se realizaron esas operaciones, las justificaciones para elegir determinadas modalidades de contratación y la actuación de los funcionarios responsables.

Por ahora, las cifras evidencian una marcada diferencia entre adjudicaciones directas y licitaciones públicas, pero no constituyen por sí mismas una prueba de corrupción. El desafío de las investigaciones será establecer si detrás de los procedimientos existieron prácticas contrarias a la ley y determinar, con evidencia documental, las responsabilidades que correspondan.