A dos años de la muerte de Liam Payne, el juicio contra los acusados sigue sin fecha

A dos años de la muerte del cantante británico Liam Payne, el proceso judicial contra los dos hombres acusados de suministrarle drogas poco antes de su fallecimiento continúa sin una fecha confirmada para el inicio del juicio oral en Argentina. Mientras las autoridades avanzan en las últimas diligencias de la investigación, ambos imputados permanecen en libertad y a la espera de que se determine cuándo deberán comparecer ante un tribunal.

Fuentes judiciales consultadas por la agencia EFE señalaron que todavía se realizan peritajes a los teléfonos celulares de los acusados y del artista, una de las tareas pendientes antes de que el proceso avance hacia la siguiente etapa. El análisis de estos dispositivos busca aportar información sobre los contactos, las comunicaciones y las circunstancias que rodearon las horas previas a la muerte del músico.

Payne, quien alcanzó la fama internacional como integrante de One Direction, murió a los 31 años el 16 de octubre de 2024, tras caer desde el balcón del tercer piso del hotel CasaSur, ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. El cantante se encontraba de visita en Argentina cuando ocurrió el incidente, que dio origen a una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y determinar las posibles responsabilidades penales.

Desde entonces, el caso ha pasado por distintas instancias judiciales y ha estado marcado tanto por las diligencias para reconstruir los últimos momentos del artista como por las discusiones sobre qué jurisdicción debía encargarse del expediente.

Dos acusados esperan el juicio en libertad

Los principales imputados son Braian Nahuel Paiz, un camarero que conoció a Payne en un restaurante de Puerto Madero, y Ezequiel David Pereyra, quien trabajaba en el hotel CasaSur cuando ocurrieron los hechos.

Ambos están acusados de suministrar estupefacientes a cambio de dinero, delito que contempla penas de entre cuatro y 15 años de prisión. La imputación se centra en la presunta entrega de sustancias al cantante, por lo que el juicio deberá examinar las pruebas reunidas y determinar si sus conductas constituyen un delito y qué responsabilidad corresponde atribuirles.

El 25 de marzo de 2026, la jueza Karina Andrade concedió la libertad a ambos hombres. Hasta ese momento, los acusados cumplían arresto domiciliario mientras avanzaba el procedimiento judicial.

La magistrada consideró que no existían riesgos procesales suficientes para justificar que continuaran privados de la libertad. Esta decisión no equivale a una absolución ni implica que los cargos hayan sido descartados: los dos imputados siguen sujetos al proceso y deberán responder ante la Justicia cuando se celebre el juicio.

La fecha de inicio todavía está pendiente, en parte porque continúan las diligencias periciales sobre los teléfonos celulares. Estos análisis pueden contribuir a establecer la secuencia de los acontecimientos, aunque sus resultados deberán valorarse junto con el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

Un conflicto de competencia retrasó el proceso

La investigación también enfrentó un obstáculo institucional relacionado con la competencia judicial. Durante un periodo, las autoridades nacionales y las de la ciudad de Buenos Aires mantuvieron diferencias sobre qué jurisdicción debía hacerse cargo del caso.

La disputa se resolvió a favor de que el expediente fuera juzgado en la jurisdicción donde ocurrió la muerte del cantante. De esta manera, la causa quedó a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 15 de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por la jueza Andrade, y fue elevada a juicio oral.

Esta etapa será determinante para examinar las pruebas, escuchar los argumentos de las partes y establecer si los acusados incurrieron en las conductas que se les atribuyen. Hasta que comience el juicio, el expediente permanece en una fase de preparación, con peritajes y actuaciones pendientes.

Tres personas fueron sobreseídas

Además de Paiz y Pereyra, otras tres personas fueron imputadas durante las primeras etapas de la investigación. Sin embargo, sus situaciones procesales cambiaron conforme avanzó el análisis de las pruebas.

Uno de ellos fue el empresario Rogelio Nores, amigo de Payne y señalado durante las pesquisas como uno de sus principales contactos en Argentina. La Fiscalía lo investigó inicialmente por abandono de persona y posteriormente por homicidio culposo, pero la Justicia dictó su sobreseimiento en febrero de 2025 al considerar que no existían pruebas suficientes para mantener la imputación.

También fueron sobreseídos Gilda Martín, encargada del hotel CasaSur, y Esteban Grassi, jefe de recepción, quienes habían sido investigados por su posible responsabilidad en las circunstancias que precedieron a la muerte del artista.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 14, que estuvo a cargo de la investigación inicial, intentó sin éxito revertir esos sobreseimientos en distintas instancias judiciales.

Entre los argumentos expuestos por el Ministerio Público sobre la actuación del personal del hotel, la fiscalía sostuvo que Martín debió mantener al cantante en un lugar seguro, alejado de posibles fuentes de peligro y acompañado hasta que pudiera recibir atención médica.

No obstante, los sobreseimientos se mantuvieron, por lo que estas tres personas quedaron fuera del proceso penal. La situación contrasta con la de Paiz y Pereyra, quienes continúan imputados y deberán enfrentar el juicio oral.

Qué revelaron la autopsia y los análisis toxicológicos

Los estudios forenses fueron fundamentales para reconstruir las circunstancias de la muerte de Payne. La autopsia determinó que falleció por politraumatismos y hemorragias internas y externas provocados por la caída desde el balcón del hotel.

Por su parte, los análisis toxicológicos detectaron alcohol, cocaína y antidepresivos en su organismo. De acuerdo con la investigación, el músico había consumido sustancias durante las horas previas al fallecimiento y se encontraba en un estado de alteración de la conciencia.

Los peritajes descartaron lesiones autoinfligidas y señales de intervención física de terceras personas en la caída. Los investigadores concluyeron, además, que Payne no habría llegado a protegerse al precipitarse, lo que dio pie a la hipótesis de que pudo haber caído en un estado de semiinconsciencia o inconsciencia total.

Estos hallazgos contribuyeron a establecer las circunstancias médicas del fallecimiento, pero la determinación de responsabilidades penales exige analizar por separado las conductas atribuidas a cada uno de los involucrados y las pruebas que las respaldan.

Una causa que sigue pendiente de resolución

La muerte de Liam Payne conmocionó a sus seguidores en todo el mundo y volvió a colocar bajo el escrutinio público las circunstancias que rodearon sus últimos días. Sin embargo, en el ámbito judicial, el caso continúa sujeto a los tiempos y procedimientos necesarios para determinar si hubo responsabilidades penales.

A dos años de su fallecimiento, la causa mantiene dos acusados, tres personas sobreseídas y una fecha de juicio todavía sin confirmar. Los peritajes telefónicos y las demás diligencias pendientes forman parte de los pasos necesarios para avanzar hacia la audiencia oral.

Por ahora, Paiz y Pereyra esperan el comienzo del proceso en libertad, mientras la Justicia argentina continúa reuniendo y examinando elementos para esclarecer los hechos. La resolución definitiva dependerá de las pruebas que se presenten y valoren durante el juicio, una etapa que aún no tiene fecha establecida.

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