Senado de México presentará Ley de Inteligencia Artificial con sanciones penales
Tras 10 meses de consenso, el Senado presenta Ley de IA que clasifica infracciones y tipifica el uso ilícito, electoral y violencia digital.
Por Juan Pablo Ojeda
El Senado de la República presentará esta semana la primera Ley de Inteligencia Artificial (IA) en México, un marco normativo resultante de 10 meses de deliberación multipartidista. La propuesta, coordinada por el senador Rolando Zapata, establece una taxonomía de riesgos que clasifica las infracciones en niveles leves, graves y gravísimos, integrando sanciones penales para el uso indebido de algoritmos.
La arquitectura de la ley introduce la categoría de infracciones «gravísimas», diseñada para combatir el uso de sistemas autónomos letales sin supervisión, la vigilancia masiva sin sustento legal y la manipulación de procesos electorales o cognitivos. Este esquema busca blindar los derechos fundamentales mediante la obligación de auditorías y certificaciones para los sistemas clasificados como de «alto riesgo».
La protección contra la violencia digital de género constituye un eje rector de la iniciativa. Se tipifica explícitamente la creación de deepfakes sexuales sin consentimiento, estableciendo que, cuando las víctimas son menores de edad, el consentimiento carece de valor jurídico. El marco sancionador también abarca la automatización de campañas de odio y la manipulación de identidad con fines de extorsión.
Para garantizar la ejecución de la ley, el proyecto propone la creación de cuatro pilares institucionales: la Autoridad Nacional de Inteligencia Artificial, una Estrategia Nacional, un Fondo de Desarrollo y un Sistema de Certificación. Estos organismos fungirán como entes rectores para validar que los sistemas que operan en territorio mexicano cumplan con estándares de seguridad, transparencia y ética.
El modelo de regulación adoptado es escalonado, permitiendo que la intensidad de la vigilancia gubernamental sea proporcional al riesgo potencial. Mientras que los sistemas de impacto limitado operarán bajo principios de transparencia, aquellos que incidan en la estabilidad democrática o la seguridad nacional estarán sujetos a un registro obligatorio y escrutinio técnico constante.
La presentación formal de esta iniciativa ante el pleno marca un punto de inflexión en la legislación digital mexicana. El esfuerzo conjunto de las fuerzas políticas —Morena, PAN, PVEM, PRI, PT y Movimiento Ciudadano— refleja una urgencia compartida por establecer límites claros ante el avance acelerado de las tecnologías de aprendizaje automático.
La implementación de este fondo para el desarrollo pretende, además, que la regulación no frene la innovación. Al establecer un marco de certeza jurídica, el Estado mexicano busca fomentar un ecosistema tecnológico que sea competitivo, seguro y alineado con la protección de los derechos humanos y la estabilidad política del país.
