Impulsan movilidad autónoma para personas con discapacidad en la CDMX
Ciudad de México.— Garantizar que las personas con discapacidad no sólo puedan ingresar al transporte público, sino que también tengan herramientas para desplazarse de manera independiente, es el objetivo de una iniciativa presentada ante el Congreso de la Ciudad de México para incorporar la movilidad autónoma asistida a la legislación capitalina.
La propuesta fue presentada por la diputada Tania Nanette Larios Pérez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, y plantea reformar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para establecer un programa institucional, voluntario y gratuito de entrenamiento dirigido a personas con discapacidad.
El proyecto fue dado a conocer durante la sesión de la Comisión Permanente del 26 de agosto y turnado a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial para su análisis y eventual dictaminación. Por ahora, se trata de una iniciativa legislativa y no de un programa vigente.
Entre las modificaciones propuestas se encuentra la incorporación de la Fracción LV Bis al artículo 9 y del artículo 226 Bis de la Ley de Movilidad. Con ello, se busca que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), en coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD CDMX) y los organismos que integran el Sistema Integrado de Transporte, desarrollen el Programa de Entrenamiento para la Movilidad Autónoma de las Personas con Discapacidad.
El esquema contemplaría acompañamiento temporal, orientación y práctica para actividades como la planeación de rutas, utilización de medios de pago, realización de transbordos y atención ante modificaciones o contingencias en el servicio. La propuesta parte de que las barreras para desplazarse no son iguales para todas las personas y que los apoyos deben responder a necesidades concretas.
De acuerdo con los datos citados en la exposición de motivos y provenientes del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en la Ciudad de México viven 493 mil 589 personas con discapacidad. El documento señala que este sector enfrenta obstáculos que no se limitan a la infraestructura física, pues también pueden existir dificultades para identificar rutas, ubicar puntos de descenso, realizar conexiones entre servicios o responder ante cambios inesperados.
La iniciativa plantea que la accesibilidad universal y el entrenamiento para la movilidad deben ser medidas complementarias. En ese sentido, el proyecto no propone crear un sistema de transporte separado para las personas con discapacidad ni sustituir las obligaciones de accesibilidad, sino proporcionar herramientas para que quienes lo requieran puedan utilizar el transporte público con mayor autonomía.
El planteamiento también retoma experiencias internacionales como Travel Mentoring, de Transport for London, en Reino Unido, y Travel Training, de TransLink, en Vancouver, Canadá. Ambos modelos son utilizados como referentes de capacitación práctica para facilitar desplazamientos independientes.
Desde una perspectiva de política pública, la propuesta coloca el foco en un aspecto que suele quedar relegado frente a la discusión sobre rampas, elevadores y unidades accesibles: la capacidad de las personas usuarias para desenvolverse dentro de una red de transporte compleja. Sin embargo, su eventual aplicación requeriría definir presupuesto, cobertura, criterios de atención, personal especializado y mecanismos para evaluar sus resultados.
La iniciativa sostiene que fortalecer la autonomía en los desplazamientos puede ampliar el acceso de las personas con discapacidad a la educación, el empleo, los servicios de salud, la cultura y la vida comunitaria, además de disminuir la dependencia cotidiana de familiares o personas cuidadoras.
El siguiente paso corresponde al análisis legislativo de la propuesta en la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. Su discusión permitirá determinar si el programa planteado puede convertirse en una herramienta efectiva de inclusión o si será necesario incorporar mayores garantías de accesibilidad, recursos y mecanismos de seguimiento para evitar que el acompañamiento sustituya las responsabilidades estructurales que tienen las autoridades en materia de movilidad incluyente.
