Kenia López Rabadán exige garantizar la seguridad del Tren Maya

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió sobre la necesidad de garantizar la seguridad estructural del Tren Maya, al tiempo que expresó su desacuerdo con la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala la inmovilización de cuentas bancarias sin orden judicial.

En entrevista desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora subrayó que las autoridades tienen la responsabilidad de prevenir cualquier riesgo que pueda derivar en una tragedia, especialmente ante los reportes sobre posibles hundimientos en pilotes del Tramo 5 del Tren Maya, así como trabajos de apuntalamiento en zonas de cenotes y cavernas.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones de seguridad, estabilidad y viabilidad del proyecto”, señaló, al insistir en que debe haber transparencia total sobre el estado real de la obra y las acciones que se están implementando para garantizar su integridad.

López Rabadán recordó que accidentes recientes en infraestructura ferroviaria, como el ocurrido en el ferrocarril transístmico con saldo de 14 víctimas mortales, refuerzan la necesidad de actuar con rigor técnico y responsabilidad institucional. En este contexto, pidió que se realicen todas las acciones de ingeniería necesarias para asegurar la estabilidad del proyecto bajo los más altos estándares de seguridad.

En otro tema, la diputada expresó su rechazo a la resolución de la Suprema Corte que permite el congelamiento de cuentas bancarias sin una orden judicial previa. Aunque dijo respetar las decisiones de otros poderes, consideró que esta medida vulnera principios constitucionales.

Desde su perspectiva como abogada, argumentó que dicha práctica contradice garantías establecidas en la Constitución, al permitir afectar el patrimonio de personas o empresas sin que exista una resolución judicial previa que determine responsabilidades.

La legisladora advirtió que esta medida podría tener consecuencias graves, especialmente para trabajadores que dependen de empresas cuyas cuentas sean inmovilizadas. “No es solo un tema del empresario, sino de las familias que viven de esos ingresos”, explicó, al señalar que los procesos legales pueden tardar meses o incluso años en resolverse.

Asimismo, recordó que una iniciativa similar ya había sido frenada en 2018 por la propia Suprema Corte, que en ese momento actuó como contrapeso institucional. En contraste, calificó la decisión actual como “errónea” y potencialmente dañina para la certeza jurídica en el país.

Finalmente, López Rabadán enfatizó la importancia de mantener un equilibrio entre poderes y garantizar el respeto al Estado de derecho, especialmente en un contexto donde la certidumbre legal es clave para la inversión y la estabilidad económica.