Diputados avalan que Senado ratifique mandos de la Guardia Nacional

Por Juan Pablo Ojeda

La política mexicana suele sonar como un enredo de artículos, comisiones y dictámenes que parecen lejanos a la vida cotidiana, pero lo que pasó en la Cámara de Diputados pinta para tener efectos concretos en la manera en que se controla la seguridad pública del país. Resulta que la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Leonel Godoy Rangel de Morena, aprobó con mayoría clara una reforma que busca modificar los artículos 76 y 78 de la Constitución. ¿La idea central? Que el Senado de la República —y en su caso la Comisión Permanente— tenga que ratificar los ascensos de coroneles y demás jefes superiores de la Guardia Nacional, tal como ya ocurre con el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

Esto, en términos prácticos, significa que los altos mandos de la Guardia Nacional no quedarán únicamente a discreción de la Presidencia, sino que necesitarán el aval de otro poder, algo así como un candado extra de legitimidad. Además, la reforma aprovecha para meter un ajuste de lenguaje incluyente: se sustituye la frase “el presidente de la República” por “la persona titular de la Presidencia de la República”. Puede sonar a detalle menor, pero en la práctica es un paso más para reconocer que las instituciones no son exclusivas de un género.

El trasfondo de todo esto tiene que ver con la discusión eterna sobre la militarización del país. Desde que la Guardia Nacional pasó a la órbita de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2024, quedó un vacío legal: la Constitución no contemplaba que el Senado ratificara sus mandos, como sí lo hace con las Fuerzas Armadas. Para Morena, PT, PVEM e incluso Movimiento Ciudadano, esta reforma corrige ese hueco y le da legitimidad democrática a una institución que ha sido criticada por su falta de control civil.

Pero no todos están convencidos. Diputadas del PAN y del PRI levantaron la voz asegurando que, lejos de resolver el problema, la reforma normaliza la militarización de la seguridad pública. Su argumento es claro: la Constitución dice que la Guardia Nacional es civil, pero se le da el mismo trato que a las Fuerzas Armadas. Para ellos, es un paso más hacia un país donde los militares controlan la seguridad, y eso, dicen, “lastima gravemente” a México.

Del otro lado, quienes apoyan el dictamen insisten en que este tipo de controles parlamentarios no militarizan, sino que fortalecen la confianza ciudadana en los nombramientos, pues los altos mandos no podrán ser designados en automático, sino con una revisión extra del Congreso. Incluso subrayan que se trata de un mecanismo de transparencia que legitima las decisiones del Ejecutivo.

La votación fue clara: 27 a favor, 5 en contra y una abstención. El dictamen ya fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que se programe en el Pleno. El debate, sin embargo, apenas empieza. Mientras para unos es un paso hacia la legitimidad institucional de la Guardia Nacional, para otros es un paso más en la ruta de la militarización. En medio de esas visiones encontradas, lo cierto es que esta reforma busca dejar menos espacios a la discrecionalidad y más controles políticos sobre una de las instituciones de seguridad más polémicas de los últimos años.