Diputados abren debate juvenil sobre límites del amarillismo

Por Bruno Cortés

En la Cámara de Diputados no todo gira en torno a reformas y votaciones. También hay espacio para discutir temas que, aunque parecen lejanos a la política dura, en realidad tocan fibras clave de la democracia. Esta vez, el diputado Gildardo Pérez Gabino puso sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: ¿se debe sancionar a los medios por difundir noticias con enfoque amarillista?

El ejercicio, protagonizado por jóvenes universitarios, no fue menor. En un país donde la información muchas veces marca la agenda pública, debatir cómo se comunica es, en el fondo, debatir cómo se construye la realidad. Y ahí es donde entra la política pública, aunque no siempre se note.

Desde el arranque, el legislador dejó claro que estos espacios sirven para algo más que practicar discurso: ayudan a formar criterio. Porque, como él mismo planteó, de poco sirve tener conocimiento si no se sabe comunicar. En otras palabras, no basta con saber, hay que saber decirlo. Y eso, en política y en cualquier profesión, hace toda la diferencia.

Ya en el debate, los jóvenes le entraron de lleno a un tema que suele dividir opiniones. Por un lado, el amarillismo —ese estilo que exagera o dramatiza la información— suele verse como algo negativo, incluso poco ético. Pero por otro, también puede funcionar como una herramienta para que ciertos temas lleguen a más personas, especialmente a quienes no consumen medios tradicionales.

Aquí aparece el punto fino: la Constitución, particularmente el artículo sexto, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. Eso significa que, aunque el contenido sea criticado por su estilo, no puede ser censurado solo por ser llamativo o incómodo. En una democracia, la regla general es permitir la mayor cantidad de voces posibles, incluso las que no gustan.

Pero eso no significa que todo valga. Los propios participantes reconocieron que el amarillismo también puede cruzar líneas: manipulación, desinformación o enfoque tendencioso con tal de ganar audiencia. Y ahí es donde entra el dilema de política pública: ¿cómo garantizar libertad sin abrir la puerta a abusos?

Lo interesante es que este tipo de debates reflejan una tensión real del sistema democrático. Por un lado, se necesita una prensa libre que vigile al poder; por otro, se requiere responsabilidad para no distorsionar la información. No es un equilibrio sencillo.

Al final, más que llegar a una respuesta única, el ejercicio dejó algo claro: en México, la discusión no es si debe existir el amarillismo, sino cómo convivir con él sin afectar derechos. Porque en una democracia funcional, no solo se tolera el discurso correcto, también el incómodo, siempre que no cruce la línea de dañar a otros.

Y justo ahí está el fondo del asunto: la comunicación no es solo un tema mediático, es un asunto público. Lo que se dice, cómo se dice y quién lo dice, termina influyendo en decisiones, percepciones y hasta en el rumbo del país.