Un grupo de nueve relatores y expertos independientes de la ONU afirmó que los archivos vinculados al financiero estadounidense Jeffrey Epstein contienen hechos de tal gravedad, sistematicidad y alcance internacional que podrían encuadrarse legalmente como crímenes de lesa humanidad.
El pronunciamiento surge tras la divulgación, el pasado 30 de enero, de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. De acuerdo con los especialistas, el contenido sugiere la posible existencia de una “empresa criminal global” y revela niveles alarmantes de impunidad.
Según el comunicado conjunto, en los archivos se mencionan posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos crueles, degradantes e incluso feminicidio. Los expertos sostienen que estos hechos habrían ocurrido en un contexto marcado por misoginia extrema, corrupción y dinámicas de poder que permitieron la explotación sistemática de mujeres y niñas en distintos países.
Entre las firmantes se encuentran la relatora especial sobre violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem; la relatora sobre el derecho a la privacidad, Ana Brian Nougrères; y la relatora sobre libertad de reunión y asociación, Gina Romero.
Los expertos hicieron un llamado a tribunales nacionales e internacionales para investigar y, en su caso, enjuiciar los presuntos crímenes. También pidieron la apertura de una investigación independiente e imparcial que determine cómo estas conductas pudieron prolongarse durante años.
En su posicionamiento, subrayaron que ningún individuo, sin importar su poder económico o influencia política, debe estar por encima de la ley. Además, manifestaron preocupación por lo que calificaron como “graves fallos” en la difusión de los archivos, ya que parte de la información divulgada podría vulnerar la privacidad de las víctimas y exponerlas a represalias o estigmatización.
El pronunciamiento coloca nuevamente el caso Epstein en el centro del debate internacional, no solo por las responsabilidades individuales, sino por la dimensión estructural de los abusos señalados y la necesidad de garantizar justicia con pleno respeto a los derechos de las víctimas.