El Congreso busca llamar a las cosas por su nombre para proteger a la niñez

En el Congreso de la Unión se abrió un debate que, aunque suena técnico, toca uno de los temas más sensibles del país: la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. El diputado Emilio Suárez Licona, del PRI, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con un objetivo claro y contundente: cambiar el lenguaje de la ley para que deje de suavizar delitos que, en realidad, son formas extremas de explotación y violencia.

La propuesta plantea eliminar términos como “pornografía” y “turismo sexual” cuando se trata de delitos cometidos contra personas menores de 18 años o contra quienes no tienen la capacidad de comprender o resistir el hecho. En su lugar, se propone hablar de “explotación de material audiovisual de contenido sexual” y “explotación sexual en sitios turísticos”. Puede parecer solo un cambio de palabras, pero en el fondo es un giro importante en la forma en que el Estado nombra, entiende y castiga estos crímenes.

El diputado explica que el problema del lenguaje actual es que arrastra conceptos propios del mundo adulto, como la idea de consumo, elección o consentimiento, que no tienen cabida cuando se trata de niñas y niños. Usar la palabra “pornografía” para describir la evidencia de una violación infantil, señala, reduce la gravedad del delito y resulta ofensivo para las víctimas, porque parece colocar el acto en el terreno de la libertad de expresión o del mercado, cuando en realidad se trata de abuso y explotación.

La iniciativa también propone modificar varios artículos del Código Penal Federal y ajustar los nombres de capítulos completos para que quede claro que se habla de explotación sexual infantil y pederastia, sin ambigüedades. En ese mismo sentido, se plantea eliminar del delito de pederastia cualquier referencia al consentimiento, ya que asumir que un menor puede consentir su propia victimización es, en palabras del legislador, una aberración jurídica y psicológica.

Otro punto clave es el cambio en el concepto de “turismo sexual”. Suárez Licona argumenta que ese término invisibiliza redes de trata y esclavitud infantil, y además diluye responsabilidades. Al hablar de “explotación sexual en sitios turísticos”, la ley no solo nombra correctamente el delito, sino que también permite fincar responsabilidades claras a prestadores de servicios que toleran o facilitan estas prácticas en destinos turísticos.

El contexto que rodea la iniciativa es alarmante. De acuerdo con datos oficiales, la violencia sexual contra menores ha crecido de forma significativa en los últimos años. Según la ENDIREH 2021, más de una de cada diez mujeres sufrió algún tipo de violencia sexual antes de los 15 años, una cifra que aumentó de manera considerable respecto a mediciones anteriores. Para el diputado, esto refleja una falla grave del Estado en la prevención y protección de la infancia.

Además del enfoque legal, la iniciativa introduce un argumento sanitario poco discutido en el debate público. La violencia sexual en la infancia no solo deja huellas emocionales inmediatas, sino que es un factor que detona problemas de salud a largo plazo, como enfermedades crónicas, conductas autodestructivas y riesgo de suicidio en la adolescencia. Por eso, sostiene, la ley debe estar a la altura del daño que estos delitos provocan.

En pocas palabras, la propuesta busca que el Código Penal deje de maquillar la violencia con términos imprecisos y que el Estado asuma, desde el lenguaje jurídico, una postura más clara y firme frente a la explotación sexual infantil. El mensaje es directo: nombrar correctamente los delitos también es una forma de combatirlos.