Una confrontación directa sobre la narrativa oficial de la Conquista y la identidad nacional se desató tras la publicación de un posicionamiento de Miguel Torruco Garza, quien desarticuló las afirmaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A través de un documento de tres aristas, se acusó a la funcionaria española de instrumentalizar el pasado para imponer una visión colonial que suprime el historial de las civilizaciones locales.
El cruce de declaraciones pone sobre la mesa el uso del capital político a través del revisionismo histórico. La réplica cuestiona la legitimidad de un discurso extranjero que dicta que el país no existió hasta el contacto europeo, calificando la aseveración como un intento de subordinar la autonomía identitaria mexicana a agendas políticas hispanocentristas contemporáneas.
El posicionamiento argumenta que la postura de Ayuso refleja una confusión técnica deliberada, al separar la conformación política del Estado mexicano en 1821 del desarrollo civilizatorio que le antecedió. Al señalar que España enfrentaba ocupaciones musulmanas mientras las culturas mesoamericanas ya operaban sistemas matemáticos avanzados, el texto invierte la carga de la prueba sobre la supuesta «misión civilizadora».
El foco de la controversia aterriza directamente en el Centro Histórico de la Ciudad de México, aludiendo a los restos del Huey Tzompantli. El documento utiliza este patrimonio no como una anécdota, sino como prueba fehaciente de un sistema legal y gubernamental preexistente, denunciando que el discurso español perpetúa un sesgo sistemático para justificar la invasión.
En el terreno de la rendición de cuentas histórica, la misiva ataca directamente la justificación moral de la colonización. Se establece un paralelismo crítico al cuestionar la diferencia ética entre las prácticas rituales en las pirámides y las miles de ejecuciones civiles perpetradas por la Santa Inquisición, institución que mantuvo el control político, territorial y económico mediante el terror.
Esta interpelación despoja a la narrativa colonial de su inmunidad ética, evidenciando que el sometimiento de los pueblos originarios no implicó una transición institucional hacia la libertad. Por el contrario, representó la imposición de un nuevo andamiaje de control ideológico y punitivo ejecutado a través de la cruz y la espada.
El documento concluye delineando un límite estricto para la futura diplomacia, acuñando la exigencia de una «soberanía epistémica». Advierte que dictar línea política exterior desde el desconocimiento y el prejuicio representa una afrenta directa a las naciones libres, exigiendo que las relaciones diplomáticas bilaterales operen libres de complejos de superioridad caducos.