Revelan 79 millones no declarados a Adán Augusto López
El senador y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, excandidato presidencial de Morena, se encuentra bajo escrutinio tras revelarse que habría recibido 79 millones de pesos entre 2023 y 2024 que no figuran en su declaración patrimonial, según una investigación de N+ basada en documentos oficiales.
Por Juan Pablo Ojeda
El senador y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, excandidato presidencial de Morena, se encuentra bajo escrutinio tras revelarse que habría recibido 79 millones de pesos entre 2023 y 2024 que no figuran en su declaración patrimonial, según una investigación de N+ basada en documentos oficiales.
De acuerdo con el medio, los fondos provinieron de compañías con antecedentes de contratos públicos y algunas señaladas por el SAT como empresas fantasma, como GH Servicios Empresariales S.C., Operadora Turística Rabatte S.A. de C.V. y Capital Cargo del Golfo S.A. de C.V.. Estas empresas mantuvieron contratos con el gobierno de Tabasco durante la gestión de López Hernández como gobernador, lo que genera dudas sobre un posible conflicto de interés.
La investigación señala que los pagos se registraron como servicios profesionales y comenzaron tras la salida de López Hernández de la Secretaría de Gobernación, en plena precampaña presidencial por Morena. Sin embargo, los 79 millones de pesos no aparecen en su declaración patrimonial, lo que encendió alertas sobre la transparencia y legalidad de los recursos.
El entorno familiar del exfuncionario también estaría vinculado a algunas de las empresas involucradas, incrementando las sospechas sobre posibles mecanismos de financiamiento paralelos ligados a actividades políticas.
Ante estos señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó públicamente a López Hernández a aclarar la situación: “Que aclare el senador”, enfatizando que es su responsabilidad explicar la procedencia y destino de estos recursos.
Con estas declaraciones, el gobierno subraya la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la investigación de posibles irregularidades en el manejo de recursos vinculados a funcionarios públicos.
