En Florida, la política migratoria volvió a colocarse en el centro del debate tras un operativo conjunto que dejó más de 150 migrantes detenidos, entre ellos personas de origen mexicano y centroamericano. La acción fue encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en coordinación con autoridades estatales y locales, y se extendió durante tres días consecutivos.
De acuerdo con información difundida por el propio ICE, en el operativo participaron la Patrulla Fronteriza y la Patrulla de Carreteras de Florida, bajo el marco de los llamados acuerdos 287(g). Estos convenios permiten que policías estatales y locales colaboren directamente con autoridades federales en tareas migratorias, incluyendo la detención de personas sin estatus legal.
Las autoridades estadounidenses reportaron la detención de 152 personas a las que calificaron como “extranjeros criminales”, y señalaron que al menos 23 fueron deportadas tan solo en el segundo día del despliegue. Como parte de su comunicación oficial, el ICE difundió imágenes de algunos detenidos, entre ellos un mexicano condenado por fraude, un guatemalteco señalado por presunta crueldad contra un menor, y dos migrantes hondureños acusados de delitos violentos.
Aunque la agencia aseguró que el objetivo fue “sacar criminales de los vecindarios”, no precisó en qué ciudades de Florida se realizaron los arrestos ni detalló cuántos de los detenidos son mexicanos, un punto que suele ser clave para el seguimiento consular y diplomático.
Este operativo ocurre en un contexto político especialmente sensible. Apenas horas antes se dio a conocer que el gobierno de Florida ha gastado alrededor de 573 millones de dólares en acciones migratorias durante los últimos tres años, recursos que provienen de un fondo originalmente destinado a emergencias. La información fue incluida en un reporte de la administración del gobernador Ron DeSantis enviado al Congreso estatal y posteriormente filtrado a la prensa.
DeSantis ha defendido públicamente esta estrategia y ha presumido que Florida es el estado que más ha hecho para reforzar la política migratoria. Bajo su mandato, todas las autoridades locales fueron obligadas a firmar acuerdos 287(g), lo que ha derivado, según cifras oficiales, en el arresto de cerca de 20 mil migrantes en los últimos nueve meses.
Además, el gobernador impulsa nuevas iniciativas legales para endurecer aún más el control migratorio, entre ellas propuestas que buscan limitar derechos básicos de personas indocumentadas, como el envío de remesas. Para México y otros países de la región, estos operativos reavivan la discusión sobre cooperación bilateral, derechos humanos y el impacto social y económico de una política migratoria cada vez más restrictiva.