Minería exige justicia y seguridad tras asesinato de trabajadores en Sinaloa

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El sector minero nacional expresó su profundo pesar por el asesinato de tres trabajadores privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, y exigió a las autoridades una investigación efectiva, así como garantías reales de seguridad para quienes laboran en regiones mineras del país.

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Por Juan Pablo Ojeda

 

El sector minero nacional expresó su profundo pesar por el asesinato de tres trabajadores privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, y exigió a las autoridades una investigación efectiva, así como garantías reales de seguridad para quienes laboran en regiones mineras del país.

A través de un comunicado conjunto, cámaras y organizaciones del gremio confirmaron el fallecimiento de Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, empleados de la empresa Vizsla Silver Corp., quienes habían sido secuestrados junto con otros compañeros el pasado 23 de enero y posteriormente localizados sin vida por las autoridades.

La industria calificó la agresión como inaceptable bajo cualquier criterio técnico, social o humano, y advirtió que dará seguimiento puntual al actuar de las instituciones responsables de la procuración de justicia. Para el sector, el caso no puede cerrarse con cifras o comunicados oficiales, sino con resultados concretos que garanticen verdad y sanción a los responsables.

Las organizaciones mineras subrayaron que las familias de las víctimas y la comunidad minera merecen una resolución que se traduzca en justicia efectiva. Reafirmaron su compromiso de acompañar a los deudos y colaborar con las autoridades hasta el esclarecimiento total de los hechos.

Asimismo, hicieron un llamado urgente para que la prioridad siga siendo la localización con vida de los trabajadores que aún permanecen desaparecidos tras los hechos ocurridos en Concordia, con el objetivo de que puedan regresar con sus familias.

El sector minero unido también pidió que el caso no quede impune y que se actúe con toda la fuerza del Estado para garantizar seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana en las zonas donde opera esta industria, considerada estratégica para la economía nacional.

El posicionamiento fue respaldado por diversas cámaras, asociaciones y clústeres mineros, entre ellos CAMIMEX, Cancham México, Women in Mining México, el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, así como clústeres de Sonora, Zacatecas, Durango y Sinaloa.

La industria reiteró que la seguridad de los trabajadores debe ser una prioridad nacional y advirtió que hechos como este no solo vulneran a las familias afectadas, sino también al desarrollo económico y social de las regiones mineras del país.

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