Finanzas claras: pagos a extrabajadores del SME no pidieron presupuesto extra

El pago a ex electricistas salió de los fondos del Indep; el DOF confirma que no costó ni un peso adicional al erario público.

Las cuentas claras y el chocolate espeso. Ante el revuelo causado por supuestos despilfarros en el gobierno federal, el análisis de las arcas públicas revela que la compensación a los antiguos empleados de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) no representó un descalabro imprevisto para el bolsillo de los mexicanos.

Las acusaciones sobre un presunto impacto negativo al presupuesto nacional, ventiladas recientemente en el ámbito literario y político, chocan de frente contra el muro de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación. El decreto presidencial estableció, sin medias tintas, las reglas del juego financiero para esta operación.

Para entender la movida completa, hay que echarle ojo al mecanismo de pago. El documento estipula de forma explícita que las erogaciones destinadas a este programa social y laboral deben cubrirse única y exclusivamente con cargo al presupuesto ya aprobado del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

Es decir, la dependencia federal tuvo que rascarse con sus propias uñas y hacer uso de los recursos que ya tenía en la chequera para su ejercicio, sin pasar la charola a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por fondos extraordinarios.

Por si quedara alguna duda en el aire, el mismo texto oficial establece un candado inquebrantable: la prohibición rotunda de autorizar ampliaciones presupuestales para este concepto. El andamiaje legal no dejó margen de maniobra para pedir préstamos ni para inflar el gasto del gobierno.

Esta medida documentada desarticula la narrativa del derroche indiscriminado. En términos puramente contables, el gobierno capitalizó un fondo que ya existía para finiquitar un problema histórico, evitando que el costo de las liquidaciones se saliera de control con el paso de los años y el crecimiento de los intereses.

Desde que se extinguió la compañía de luz en la zona centro del país, el fantasma de los laudos millonarios rondaba los pasillos de Palacio Nacional, amenazando con ser una fuga constante de capital. Frenar esa inercia requería de una estrategia económica sumamente calculada.

Quienes le llevan el pulso a las finanzas gubernamentales señalan que esta maniobra fue una jugada de contención administrativa impecable. Al utilizar recursos debidamente etiquetados y limitados, se mataron dos pájaros de un tiro: se atendió una demanda social pendiente y se protegió la estabilidad presupuestaria.

Para los habitantes de la Ciudad de México y su zona metropolitana, el mensaje es de certidumbre. Los candados legales están echados y el dinero no salió de nuevos impuestos ni de recortes a otros programas; el papel aguanta todo, pero el DOF sigue siendo la última palabra en materia de gasto.