El dilema del fracking en México: entre la soberanía y el clima
México redefine su política energética al admitir el fracking sustentable, desatando un debate regional sobre extractivismo y ecología.
Por Juan Pablo Ojeda
La reciente decisión de la administración de Claudia Sheinbaum de validar la fracturación hidráulica bajo un sello de «sustentabilidad» reabre uno de los debates más complejos de la política energética en América Latina. México se encuentra en la encrucijada de buscar la soberanía energética mediante recursos no convencionales o adherirse a los estándares de protección ambiental que la misma mandataria defendió como académica.
El concepto de «fracking sustentable» introducido por la presidenta busca suavizar la transición hacia un modelo extractivista que fue tabú durante el sexenio de López Obrador. Desde una perspectiva técnica, el uso de agua tratada pretende resolver la crítica sobre el consumo masivo de agua potable, aunque el impacto en la estructura geológica profunda sigue siendo un punto de fricción.
La reacción de la sociedad civil ha sido unánime en su rechazo, destacando la participación de grupos como Greenpeace y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo. Para estas organizaciones, el discurso gubernamental representa una contradicción con los compromisos de justicia social y ambiental que fundamentan el movimiento de la llamada «Cuarta Transformación».
Contextualmente, México enfrenta una crisis climática que se manifiesta en sequías prolongadas y desastres industriales. El reciente derrame en el Golfo de México, que afectó 900 kilómetros de playa, sirve como antecedente inmediato para la desconfianza ciudadana respecto a la capacidad de supervisión del Estado sobre la industria fósil.
La dependencia del gas fósil no solo es una cuestión técnica, sino geopolítica. Al incentivar la producción interna mediante fracking, el gobierno intenta blindar al país frente a las fluctuaciones de precios internacionales, especialmente los provenientes de los Estados Unidos, el principal proveedor de gas para la industria mexicana.
Sin embargo, el costo social en regiones como la Huasteca Potosina y Puebla es innegable. La defensa del territorio por parte de comunidades indígenas se ha convertido en el bastión de resistencia contra un modelo que consideran extractivista y colonial, independientemente de la tecnología que se emplee para la perforación.
En última instancia, la política energética de Sheinbaum parece priorizar la consolidación de Pemex como motor económico sobre la transición energética inmediata. Este equilibrio pragmático pone a prueba la solidez del discurso ambientalista del gobierno frente a las necesidades urgentes de suministro de energía para un México en crecimiento.
