La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, escaló formalmente la confrontación política con el partido Morena al exigir que figuras clave de la administración oficialista sean entregadas a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar procesos judiciales. Las declaraciones, vertidas en una entrevista con Carlos Loret de Mola, apuntan a la existencia de presuntos vínculos con la delincuencia organizada que, según la mandataria, deben ser auditados por agencias de inteligencia extranjeras.
En el centro del señalamiento se encuentran la senadora con licencia Andrea Chávez, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La gobernadora sostuvo que el gobierno federal mantiene una política de protección hacia estos perfiles, lo cual contradice el discurso oficial de combate a la corrupción y estricto apego a la legalidad vigente.
El caso de Andrea Chávez fue vinculado directamente por Campos con el grupo criminal denominado “La Barredora”, organización que la mandataria relaciona con el senador tabasqueño Adán Augusto López Hernández. La gobernadora aseveró que esta estructura busca expandir su influencia política hacia el estado de Chihuahua, una incursión que, según sus palabras, es rechazada mayoritariamente por la población local.
En cuanto a Ariadna Montiel, la gobernadora de Chihuahua afirmó que existe una percepción pública —descrita como vox populi— que vincula a la dirigente nacional de Morena con presuntos acuerdos con grupos delictivos en la Sierra Tarahumara. Este señalamiento añade una capa de complejidad a las aspiraciones electorales en la región, donde la seguridad es un factor determinante para el electorado.
La crisis política se vio exacerbada tras las movilizaciones registradas el fin de semana pasado en Chihuahua. Maru Campos negó categóricamente haber orquestado las protestas contra Andrés Manuel López Beltrán y Ariadna Montiel, atribuyendo el descontento a un «hartazgo ciudadano» acumulado ante las políticas de seguridad implementadas por el gobierno federal en el estado.
La gobernadora enfatizó que el gobierno de Estados Unidos posee las capacidades necesarias para esclarecer los nexos entre funcionarios mexicanos y cárteles del narcotráfico. Su demanda busca internacionalizar el escrutinio sobre el gabinete de Morena, argumentando que las instituciones nacionales son insuficientes o están políticamente comprometidas para proceder contra estos perfiles.
El clima de tensión entre Chihuahua y la federación se mantiene en niveles críticos, con el impacto de estas declaraciones resonando en las cúpulas de Morena en la Ciudad de México. La gobernadora se ha posicionado como un frente opositor que utiliza las investigaciones internacionales como principal eje de presión política.