Proponen exhibir a sentenciados por violencia de género en registro público de CDMX
Con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres, la diputada de Morena Elizabeth Mateos presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para crear el Registro de Personas Sentenciadas por Violencia contra las Mujeres, una herramienta de consulta pública que permitiría conocer si una pareja o posible agresor cuenta con antecedentes judiciales.
La propuesta plantea habilitar un padrón accesible para las mujeres, con información básica de personas sentenciadas por delitos de violencia de género, incluyendo nombre, alias y fotografía, sin incorporar datos sensibles ni información de las víctimas. El mecanismo busca ofrecer una vía preventiva para la toma de decisiones informadas en el ámbito personal y familiar.
De acuerdo con la iniciativa, el registro se inspira en el Registro Público de Agresores Sexuales, actualmente en operación a través de una plataforma oficial del Gobierno capitalino, que concentra alrededor de 45 casos con sentencia firme. También retoma experiencias de otros padrones públicos administrados por el Instituto Nacional Electoral, bajo el principio de máxima publicidad y respeto al debido proceso.
Durante la presentación, la legisladora argumentó que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema estructural y persistente. Citó cifras de la Organización Mundial de la Salud, que estiman que una de cada tres mujeres en América ha sufrido violencia física o sexual, así como datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que indican que el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años en México han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Igualdad de Género y de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y eventual dictaminación. En esta etapa, se evaluarán los alcances legales del registro, su compatibilidad con derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la protección de datos personales, así como los criterios técnicos para su implementación.
Desde una perspectiva crítica, el planteamiento abre el debate sobre el equilibrio entre el derecho a la información y la reinserción social de las personas sentenciadas. Aunque la propuesta limita el registro a casos con sentencia firme, especialistas advierten que su eficacia dependerá de controles claros, actualización permanente y mecanismos de supervisión que eviten usos indebidos de la información.
En cuanto al impacto esperado, Mateos sostuvo que la herramienta podría “marcar una diferencia en la vida cotidiana de las mujeres, ayudándolas a tomar decisiones a tiempo”, y la vinculó con otras políticas públicas implementadas en la capital, como la Policía de Género y la estrategia integral de atención a la violencia familiar.
La legisladora también destacó que, según cifras oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, en 2025 se registró una reducción de 35.3% en los casos de feminicidio, lo que —afirmó— refuerza la necesidad de consolidar herramientas preventivas y de acceso a la información que contribuyan a la protección de las mujeres y niñas en la capital.
