¿Fin a los aumentos excesivos? La SCJN avala monitoreo digital de contratos de renta
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad del registro digital de contratos de arrendamiento en la Ciudad de México, restringiendo la información a datos esenciales para fines estadísticos y de monitoreo, en una decisión que busca equilibrar transparencia y protección de datos personales.
En la resolución del amparo en revisión 456/2025, promovido por Urbanhub México, el Pleno de la SCJN determinó que el registro, previsto en el artículo 2448 F del Código Civil de la Ciudad de México, no vulnera derechos constitucionales siempre que se limite a información básica: monto de la renta, incremento convenido, colonia y alcaldía del inmueble. Se excluyen nombres de inquilinos, propietarios, descripciones detalladas de inmuebles y garantías.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz subrayó que la medida evita una recopilación innecesaria de datos personales, alineándose con los principios de privacidad y seguridad digital. «La norma permite la supervisión de tendencias en la vivienda sin invadir la intimidad de las personas», indicó durante la sesión del miércoles 25 de febrero de 2026.
La reforma original de 2024 tiene como objetivo monitorear incrementos de renta, que no podrán superar la inflación anual conforme al artículo 2448 D del mismo Código Civil, previamente validado. Según la SCJN, este control permitirá al Gobierno de la Ciudad de México diseñar políticas públicas de vivienda más eficaces y con información estadística confiable.
Ministros como Yasmín Esquivel y Arístides Guerrero advirtieron sobre los riesgos de ciberataques y la innecesariedad de incluir datos identificatorios para la elaboración de estadísticas, defendiendo la proporcionalidad de la medida frente a la protección de derechos fundamentales.
El debate interno también evidenció tensiones. La ministra Lenia Batres criticó al ponente por, a su juicio, «legislar desde la interpretación» al reformular los fines estadísticos de la norma. Otros ministros coincidieron en que la aprobación es compatible con los derechos a la privacidad, subrayando que la medida pone un freno a posibles abusos en el mercado de rentas de la capital.
Con esta resolución, la SCJN marca un precedente sobre cómo equilibrar la regulación de vivienda con la protección de datos personales, fortaleciendo la transparencia sin comprometer la seguridad de los ciudadanos.
