Eutanasia en CDMX: “Ley Trasciende” busca convertir la muerte digna en un derecho
Ciudad de México, 28 de agosto de 2026.— Con pacientes que enfrentan enfermedades terminales y crónico-degenerativas al frente, alrededor de mil personas marcharon este viernes por calles de la Ciudad de México para exigir la legalización de la eutanasia y reclamar que el Estado reconozca la autonomía de las personas para decidir sobre el final de su vida. La movilización concluyó con la entrega de más de 180 mil firmas de respaldo a la iniciativa ciudadana denominada “Ley Trasciende”, que plantea despenalizar y regular la ayuda médica para morir bajo controles estrictos.
El contingente partió del Palacio de Bellas Artes rumbo al Congreso de la Ciudad de México y posteriormente al Zócalo, donde participantes utilizaron consignas como “¡Mi cuerpo, mi vida!” y “Muerte digna, ¡ya!”. La movilización fue presentada por sus organizadores como una de las principales acciones ciudadanas recientes para colocar la eutanasia en el centro de la discusión legislativa y sanitaria.
La iniciativa, impulsada por la coalición Muerte Digna ¡Ya! y la activista Samara Martínez, propone modificar disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal para establecer un marco jurídico que permita el auxilio médico para morir en determinados casos. Entre las condiciones planteadas se encuentra que la persona sea mayor de edad, conserve sus facultades mentales y padezca una enfermedad incurable, irreversible o degenerativa que provoque sufrimiento considerado intolerable.
Uno de los principales puntos de la propuesta es que la decisión sea libre, voluntaria e informada y esté acompañada por evaluaciones médicas y psicológicas, además de protocolos institucionales y mecanismos destinados a impedir que familiares, personal médico u otras personas ejerzan presión sobre el paciente. El planteamiento busca, de acuerdo con sus promotores, diferenciar la decisión autónoma sobre el final de la vida de cualquier práctica realizada sin consentimiento.
El debate ocurre en un contexto en el que la eutanasia y el suicidio médicamente asistido permanecen sujetos a restricciones legales en México. La Ley General de Salud contempla los cuidados paliativos para pacientes con enfermedades en situación terminal, mientras que el marco penal mantiene disposiciones que impiden equiparar la asistencia médica para morir con una prestación sanitaria legalmente reconocida. Por ello, una eventual modificación requeriría revisar diversas normas y definir con precisión las responsabilidades de pacientes, médicos e instituciones.
El tema también ha alcanzado espacios institucionales. La Secretaría de Salud federal, a través de actividades relacionadas con bioética y muerte digna, ha colocado la discusión sobre el final de la vida dentro de la agenda sanitaria. A ello se suma el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha analizado distintos aspectos relacionados con los derechos de los pacientes, la autonomía personal, los cuidados paliativos y las restricciones legales existentes, elementos que podrían ser relevantes ante una eventual reforma.
La discusión, sin embargo, no se limita a la posibilidad de autorizar la eutanasia. Uno de los principales desafíos sería garantizar que cualquier eventual derecho a una muerte asistida no sustituya el acceso efectivo a cuidados paliativos, tratamiento del dolor, acompañamiento psicológico y atención integral. Para especialistas y organizaciones vinculadas con la bioética, el debate implica establecer salvaguardas suficientes para proteger a personas en condiciones de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, respetar su capacidad de tomar decisiones informadas.
Los promotores de “Ley Trasciende” sostienen que la propuesta parte de una concepción de la autonomía del paciente en la que la muerte no debe considerarse exclusivamente como un fracaso médico. Bajo ese enfoque, la atención al final de la vida debería incorporar también las decisiones de las personas sobre tratamientos, sufrimiento y condiciones en las que desean concluir su existencia.
La iniciativa contempla además una discusión de alcance federal, incluida una eventual reforma al artículo 4º constitucional para reconocer expresamente el derecho a una muerte voluntaria asistida. De concretarse, ello implicaría modificar el actual marco jurídico y establecer reglas nacionales sobre procedimientos, requisitos, supervisión, responsabilidades médicas y mecanismos de protección.
Por ahora, la entrega de firmas representa un llamado para que el Congreso de la Ciudad de México y el Congreso de la Unión abran formalmente la discusión. El siguiente paso será determinar la viabilidad jurídica de la propuesta, su alcance legislativo y las condiciones bajo las cuales podría regularse. El debate enfrenta así dos obligaciones que deberán conciliarse: garantizar la autonomía de quienes enfrentan enfermedades incurables y establecer controles que eviten abusos o decisiones condicionadas por falta de atención médica, económica o social.
Fuentes institucionales: Secretaría de Salud, Congreso de la Ciudad de México, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Ley General de Salud.
