En medio del ruido político que se genera cada mañana desde Palacio Nacional, el diputado priista Mario Calzada Mercado salió a dar su versión sobre un tema que, aunque suena técnico, pega directo en una de las discusiones más sensibles del país: el uso del agua.
Todo empezó cuando en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se mencionaron posibles irregularidades en concesiones de agua vinculadas a la familia del legislador, presuntamente usadas para un club de polo. El señalamiento no es menor, porque en México el agua no solo es un recurso vital, también es un tema político, económico y social de alto voltaje.
Calzada no tardó en responder y lo hizo con una postura clara: asegura que todo está en regla. Explicó que su concesión fue otorgada hace décadas por la Comisión Nacional del Agua, y que cumple con todos los requisitos legales. Dicho en palabras simples, una concesión es como un permiso oficial que da el gobierno para usar agua en ciertas actividades, ya sea para el campo, la industria o servicios.
El diputado insiste en que su caso entra justamente en ese esquema. Dice que no solo es usuario del recurso para actividades agrícolas, sino también para servicios relacionados con vivienda y negocios. Aquí es donde entra el punto fino: el uso del agua en actividades “de servicios” puede incluir desde un restaurante hasta instalaciones deportivas, como el club que ha sido señalado.
Para dejarlo más claro, Calzada adelantó que ya pidió reunirse con autoridades de Conagua para presentar documentos y demostrar que no hay nada ilegal. Es decir, busca que el tema se resuelva en el terreno técnico y administrativo, no en el político.
Pero más allá de su defensa, el caso abre una discusión de fondo: ¿cómo se reparten y supervisan las concesiones de agua en México? El propio diputado puso un dato sobre la mesa que ayuda a entender la dimensión del problema: alrededor del 75% del agua en el país se usa en el campo. Eso significa que cualquier política pública en esta materia no solo impacta a empresarios o políticos, sino a millones de productores y al precio de los alimentos.
En ese sentido, Calzada aprovechó para empujar una idea que no es nueva, pero sí relevante: invertir más en tecnificación del campo. En pocas palabras, usar mejor la infraestructura y la tecnología para aprovechar el agua de forma más eficiente. Esto, según especialistas, podría reducir el desperdicio y aliviar la presión sobre el recurso.
El legislador también pidió que no se criminalice a quienes tienen concesiones legales, subrayando que no todos los casos deben tratarse como si fueran actos de corrupción. Y aunque dijo no tener pruebas de que el señalamiento tenga tintes políticos, dejó abierta la sospecha, sobre todo porque su nombre ha sonado rumbo a las elecciones de 2027.
Al final, este episodio refleja cómo un tema técnico puede escalar rápidamente al terreno político. Porque en México, hablar de agua es hablar de poder: quién la tiene, cómo la usa y quién decide sobre ella.