El debate sobre la seguridad en la refinería de Dos Bocas volvió a encenderse, y ahora no solo por el fuego. El diputado priista Erubiel Lorenzo Alonso Que lanzó una advertencia directa: el complejo podría convertirse en una “bomba de tiempo” si no se corrigen fallas y se transparenta lo que está ocurriendo dentro.
Todo viene después del incendio reportado el 9 de abril en la refinería Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabasco. Según el legislador, no se trata de un hecho aislado. En menos de un mes —dice— ya van al menos dos incidentes relevantes, lo que prende focos rojos sobre las condiciones de operación y los protocolos de seguridad.
Más allá del accidente, el punto central de la crítica tiene que ver con la política pública detrás del manejo de este tipo de infraestructura. Para el diputado, el problema no es solo técnico, sino de información: acusa que no hay claridad sobre los riesgos reales ni comunicación efectiva con la población cercana.
Y ahí está uno de los temas más delicados. La refinería convive prácticamente pared con pared con zonas habitadas: colonias, escuelas y hasta un jardín de niños. En términos sencillos, eso significa que cualquier incidente no se queda dentro de la planta, sino que puede escalar rápidamente a una emergencia urbana.
El legislador también señaló que, en sus visitas al complejo, no se le permitió el acceso ni el diálogo con responsables, lo que refuerza su acusación de opacidad. Desde su perspectiva, esto refleja un modelo donde las grandes obras estratégicas avanzan, pero sin suficientes mecanismos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
En respuesta, anunció que impulsará un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para llamar a comparecer tanto a directivos de Pemex como a mandos de la Marina, que participa en la operación del proyecto. La intención es obligar a que se expliquen las condiciones reales de seguridad y los protocolos aplicados tras los incidentes.
También puso sobre la mesa una propuesta más drástica: la posible reubicación de viviendas y escuelas cercanas. Aquí entra otro ángulo de política pública, porque mover comunidades completas implica costos económicos, sociales y políticos enormes, además de abrir el debate sobre la planeación original del proyecto.
En el fondo, el caso de Dos Bocas vuelve a mostrar una tensión constante en el país: cómo equilibrar grandes proyectos energéticos con la seguridad de las personas y la transparencia institucional. Porque más allá del discurso político, lo que está en juego es algo mucho más concreto: la confianza de quienes viven a unos metros de una de las obras más importantes del país.