Por Bruno Cortés
El vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, fijó la postura institucional del bloque oficialista respecto a la instrumentación de los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias. El legislador precisó que la normativa abarca a más de 2,000 concesiones de radiodifusión y televisión abierta en el territorio nacional, desmintiendo que el ordenamiento contemple mecanismos de censura.
El análisis técnico presentado por Arturo Ávila ante los medios de comunicación detalla que las Disposiciones Generales emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) establecen un catálogo de 12 principios rectores. Entre las métricas de supervisión obligatorias destacan la diferenciación explícita entre información veraz y opinión, así como la asignación de defensores de la audiencia en estaciones públicas y privadas.
De acuerdo con el desglose del ordenamiento expuesto por el diputado Arturo Ávila, las sanciones pecuniarias contempladas para los concesionarios que incumplen con el registro de sus códigos de ética oscilan entre el 1% y el 3% de sus ingresos acumulados. Sin embargo, el legislador enfatizó que estas medidas administrativas no facultan a la autoridad reguladora para suspender transmisiones ni para intervenir de forma previa en la difusión de contenidos.
En la infraestructura de medios del país, existen actualmente 1,350 estaciones de radio comercial y 620 de televisión abierta que deben ajustar sus protocolos de autorregulación. Los datos presentados por Arturo Ávila revelan que solo el 34% de estos medios contaba con un mecanismo independiente de recepción de quejas ciudadanas antes de la entrada en vigor de la presente actualización reglamentaria.
Respecto al impacto operacional en las barras informativas, la normativa exige que los informativos de televisión abierta identifiquen mediante elementos visuales en pantalla los bloques comerciales y los patrocinios integrados. La métrica expuesta por el diputado busca garantizar que los 80 millones de usuarios diarios de televisión abierta distingan la propaganda publicitaria del contenido periodístico ordinario.
El informe presentado por Arturo Ávila aclara que las atribuciones del IFT se limitan al monitoreo posterior de las transmisiones y a la sustanciación de denuncias ciudadanas formalizadas. La fiscalización, según precisó el legislador, no contempla la revisión previa de guiones ni la injerencia en la línea editorial de las empresas de comunicación.
El expediente remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados concluye que la implementación de los lineamientos se alineará con los tratados internacionales signados por México en materia de libertad de prensa. Arturo Ávila ratificó que el Poder Legislativo mantendrá el seguimiento de las resoluciones que emita el órgano regulador en los próximos meses.