Por Juan Pablo Ojeda
El legislador federal Gibrán Ramírez Reyes señaló la existencia de una red institucional de corrupción en Oaxaca destinada a despojar a ciudadanos de sus propiedades mediante la colusión de autoridades locales, registradores y notarías públicas. La denuncia cuestiona la inacción de las instancias de fiscalización del estado ante el patrón reiterado de alteración de documentos oficiales.
De acuerdo con el señalamiento hecho en la Cámara de Diputados, el sistema de despojo opera mediante la emisión de resoluciones administrativas sesgadas y la falsificación de sellos oficiales. Estas acciones permiten que inmuebles legítimamente asentados en el Registro Público de la Propiedad cambien de titular sin el consentimiento de sus dueños.
Ramírez Reyes remarcó que las dependencias estatales encargadas de velar por la certeza jurídica de la propiedad han actuado como facilitadoras del ilícito. La falta de controles internos y la ausencia de auditorías independientes en la Dirección General del Registro Público han permitido la alteración de libros físicos y archivos digitales.
El legislador enfatizó que el esquema no podría funcionar sin la complicidad de notarios públicos en funciones, quienes avalan las compraventas fraudulentas mediante la ratificación de firmas apócrifas y la certificación de poderes notariales inexistentes. Este entramado legal blinda las transacciones ilegales bajo la apariencia de actos jurídicos válidos.
Ante la gravedad de los hechos, se formalizó una petición para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga los casos, argumentando la posible configuración de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que trascienden la competencia del fuero común.
Asimismo, la denuncia incluye un llamado a las autoridades hacendarias para rastrear el flujo de capitales derivados de las ventas subsecuentes de los predios despojados. Los recursos obtenidos a través de este mecanismo se canalizan presuntamente hacia empresas de papel para evadir el pago de impuestos y bancarizar las ganancias de la red.
La exigencia central contempla la suspensión precautoria de las patentes notariales involucradas y la intervención directa de los sistemas informáticos del Catastro oaxaqueño por parte de órganos auditores federales para evitar la destrucción o modificación de evidencia documental clave.