La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, declaró este jueves que la viabilidad del apoyo legislativo a la iniciativa presidencial en materia de feminicidio estará estrictamente sujeta a resultados medibles en la reducción de la impunidad. Durante una conferencia de prensa, la legisladora puntualizó que cualquier reforma debe enfocarse en la operatividad real y no únicamente en el marco teórico.
El diagnóstico presentado por la diputada subraya la necesidad de una Ley General que no solo tipifique el delito, sino que estandarice los protocolos de investigación a nivel nacional. La propuesta busca la creación de un sistema de justicia donde el feminicidio sea catalogado como imprescriptible, eliminando cualquier margen de maniobra judicial que permita la extinción de la responsabilidad penal.
Los datos de la legisladora indican una correlación directa entre la falta de presupuesto en fiscalías especializadas y las sentencias absolutorias obtenidas en casos de violencia extrema. López Rabadán enfatizó que la carencia de herramientas periciales capacitadas es el eslabón más débil en la cadena de procuración de justicia actual.
En relación con el debate político, la legisladora criticó la disparidad existente entre la gravedad de las acusaciones y las medidas cautelares aplicadas, tomando como referencia casos recientes de violencia de género que han causado indignación social. La diputada argumenta que la percepción de justicia es inexistente cuando los agresores evaden las consecuencias mediante recursos legales cuestionables.
La agenda de la Mesa Directiva contempla ahora el análisis detallado del texto enviado por el Ejecutivo, bajo un esquema de escrutinio técnico. La meta, según lo expuesto, es garantizar que la nueva normativa incluya mecanismos obligatorios de reparación integral del daño y protocolos de prevención ante la primera manifestación de violencia.
Dentro de los puntos clave respaldados por López Rabadán se encuentra la eliminación de criterios de oportunidad, conmutaciones de pena y amnistías para quienes resulten responsables del delito de feminicidio. La legisladora sostiene que estas medidas son fundamentales para enviar un mensaje de certidumbre jurídica a las víctimas.
Finalmente, la diputada reafirmó su postura histórica en favor de los derechos de las mujeres, recordando su labor previa en temas de paridad. Concluyó que el apoyo a la nueva ley dependerá de su capacidad para transformar una estructura legal, hasta ahora ineficiente, en un instrumento garantista con impacto directo en las tasas de incidencia delictiva.