Las comisiones unidas de Desarrollo Económico y de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen para avanzar en reformas contra el denominado “impuesto rosa”, una práctica comercial señalada por imponer precios más altos a productos y servicios destinados a mujeres, aun cuando sean equivalentes a los dirigidos a hombres. La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 10 Bis y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Durante la Primera Sesión Extraordinaria realizada de manera remota, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, América Alejandra Rangel Lorenzana, afirmó que los precios deben responder a factores objetivos como calidad, funcionalidad y costos de producción, y no a estrategias de mercadotecnia sustentadas en diferencias de género.
La legisladora explicó que el llamado “impuesto rosa” representa un sobrecosto que puede alcanzar hasta 20 por ciento en artículos comercializados para mujeres, pese a mantener características similares a los productos masculinos. Entre los bienes donde más se detecta esta práctica destacan artículos de higiene personal, ropa y servicios de cuidado personal.
El dictamen aprobado en comisiones establece que, de ser avalado posteriormente por el Pleno del Congreso capitalino, será remitido al Congreso de la Unión para continuar el proceso legislativo federal. La propuesta pretende fortalecer mecanismos de protección al consumidor y garantizar mayor transparencia en la fijación de precios.
De acuerdo con el documento legislativo, la diferencia artificial en precios no sólo afecta la economía individual de las mujeres, sino que también profundiza brechas económicas y limita el poder adquisitivo de millones de consumidoras. El texto sostiene que esta práctica genera una carga financiera cotidiana derivada únicamente de criterios estéticos, de color o segmentación comercial.
La reforma también busca reforzar el derecho de las personas consumidoras a recibir información clara y veraz para tomar decisiones de compra libres y conscientes. Los legisladores señalaron que el objetivo no es restringir la actividad comercial ni intervenir en preferencias de consumo, sino establecer condiciones de competencia más equitativas.
En ese contexto, la iniciativa plantea que los precios reflejen el valor real de los productos y servicios, evitando diferencias sustentadas únicamente en razones de género. La discusión sobre el “impuesto rosa” ha cobrado relevancia internacional en los últimos años, especialmente por estudios que documentan disparidades de precios en productos cotidianos comercializados para mujeres.
Aunque organizaciones defensoras de derechos de las mujeres han respaldado medidas para eliminar este tipo de prácticas, especialistas en libre mercado advierten que la regulación deberá definir con claridad qué constituye una diferencia injustificada para evitar vacíos legales o interpretaciones ambiguas en su aplicación.
Fuentes institucionales del Congreso de la Ciudad de México señalaron que la propuesta forma parte de una agenda orientada a combatir desigualdades económicas y fortalecer los derechos de las personas consumidoras mediante mecanismos de supervisión y transparencia comercial.