Congreso de EE. UU. señala complicidad de Rubén Rocha Moya con narcoterrorismo
Comité de Asuntos Exteriores advierte rendición de cuentas para gobernador de Sinaloa. Acusación federal revela red de corrupción política.
Por Juan Pablo Ojeda
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos emitió un pronunciamiento contundente contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al catalogarlo como cómplice del narcotráfico hacia dicho país. La declaración legislativa asegura que el sistema de justicia estadounidense hará responsable al mandatario estatal por su presunta asociación con redes criminales, marcando el inicio de una persecución penal de alto perfil.
La acusación presentada ante el tribunal de Nueva York sostiene que el Cártel de Sinaloa no podría operar con éxito sin la complicidad de políticos y mandos de las fuerzas del orden a sueldo. Este señalamiento pone bajo el microscopio la transparencia del gobierno de Sinaloa y la integridad de sus instituciones de seguridad, acusadas de facilitar el flujo de armas y drogas hacia el norte.
En Palacio Nacional, la respuesta institucional se centró en la exigencia de pruebas contundentes. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, si bien no se encubrirá a ningún funcionario que haya cometido delitos, la FGR solo actuará si las evidencias superan el umbral del discurso político. La mandataria enfatizó que las imputaciones podrían tener un trasfondo de injerencia electoral o diplomática.
La fiscalía federal en Nueva York ha estructurado el caso centrándose en el beneficio económico recibido por los funcionarios sinaloenses a cambio de protección territorial. El pliego acusatorio describe reuniones y acuerdos específicos con la facción de «Los Chapitos», lo que representa una de las investigaciones de corrupción política más profundas en la relación bilateral reciente.
Por su parte, el fiscal especial del caso en EE. UU. ha subrayado que los narcoterroristas dependen de la infraestructura gubernamental para evadir la justicia. Esta postura presiona al gobierno de México para que inicie auditorías sobre el patrimonio y las actividades de los diez funcionarios implicados, incluyendo al gobernador en funciones.
La legislación mexicana en materia de extradición y juicio político establece procesos rigurosos que podrían dilatar cualquier acción inmediata solicitada por Washington. La FGR debe determinar si los elementos constitutivos de delito presentados por el Departamento de Justicia son compatibles con el Código Penal Federal de México para garantizar un juicio justo bajo jurisdicción nacional.
El choque de narrativas entre el Congreso estadounidense y el Gobierno de México sitúa a Rubén Rocha Moya en una posición de vulnerabilidad política sin precedentes. La advertencia de «cadena perpetua» en tribunales extranjeros frente al discurso de «defensa de la soberanía» en México define el nuevo campo de batalla de la política criminal transfronteriza.
