Landau cuestiona estrategia antidrogas y estatus legal del sucesor del CJNG
El Departamento de Estado critica el enfoque de neutralización de capos y revisa la designación terrorista de organizaciones criminales.
Por Juan Pablo Ojeda
La política exterior y de seguridad de Estados Unidos frente a las organizaciones criminales mexicanas fue objeto de escrutinio interno este miércoles. Christopher Landau, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, criticó abiertamente la estrategia de seguridad prevaleciente en Washington que prioriza la persecución de objetivos de alto perfil.
En un encuentro con sectores empresariales de la región de Norteamérica, Landau afirmó que es imperativo evitar la impunidad de los líderes del narcotráfico, pero rechazó la viabilidad de la estrategia de «decapitación». El diplomático argumentó que abatir a un capo no soluciona el problema de fondo, comparando la expectativa de éxito de estas operaciones con la lógica de un tiroteo en el «OK Corral».
El pronunciamiento de Landau expone una divergencia en la ejecución de la política de seguridad binacional. Sus palabras se registran a escasos 60 días de que un operativo militar mexicano, respaldado por aparatos de inteligencia estadounidenses, culminara con la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, exlíder del CJNG, en el estado de Jalisco.
Esta postura conceptual coincide con una escalada en las herramientas legales del gobierno estadounidense. En febrero de 2025, el presidente Donald Trump designó a seis organizaciones criminales mexicanas como Terroristas Extranjeras. Esta medida incrementó la presión sobre la administración mexicana y otorgó nuevas facultades extraterritoriales al Departamento de Justicia de EE.UU.
Landau profundizó en la necesidad de replantear la inteligencia estratégica. Cuestionó el uso del vocablo «cártel», argumentando que induce al error táctico de percibir a estas agrupaciones como corporaciones jerárquicas tradicionales, cuando en la práctica operan con estructuras fragmentadas que sobreviven a la caída de un líder.
La controversia se extiende al ámbito constitucional. La sucesión en el liderazgo del CJNG apunta hacia Juan Carlos Valencia González, hijo de Rosalinda González. Documentos del Departamento de Justicia de EE.UU. indican que Valencia posee la ciudadanía estadounidense por haber nacido en California en 1984.
Ante este escenario legal, Landau fijó una postura el pasado 31 de marzo en plataformas digitales, poniendo en duda las garantías constitucionales de Valencia. Al calificar al presunto líder como cabeza de una organización sanguinaria y declarar que la Constitución «no es un pacto suicida», el funcionario delineó la disposición de Washington para sortear obstáculos legales vinculados a la ciudadanía en casos de seguridad nacional.
