Brugada impulsa pacto contra la extorsión: buscan frenar delito que afecta a comercios y familias
La Gobierno de la Ciudad de México anunció una estrategia integral de “cero tolerancia” contra la extorsión que incluye reformas legales, nuevas capacidades operativas y un pacto social para incentivar la denuncia, en un contexto donde este delito mantiene alta incidencia, aunque con avances en detenciones y reducción de casos consumados.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la firma del Pacto contra la Extorsión, con el objetivo de articular a autoridades, sector privado y sociedad civil en una respuesta coordinada frente a un ilícito que impacta directamente la economía familiar y la seguridad cotidiana en la capital. Durante el acto, sostuvo que la participación ciudadana será clave para romper el silencio que permite la persistencia de este delito.
Como parte de la estrategia, la mandataria anunció el envío de un paquete de reformas al Congreso de la Ciudad de México para fortalecer el marco jurídico, endurecer la persecución penal y consolidar mecanismos de protección a víctimas y testigos. Estas medidas buscan cerrar brechas legales y operativas que han sido aprovechadas por grupos delictivos.
En materia de resultados, autoridades capitalinas reportaron que las detenciones por extorsión han crecido 170 por ciento desde 2019, con 335 personas aseguradas entre enero de 2025 y marzo de 2026. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las órdenes de aprehensión también registran incrementos significativos, lo que refleja un fortalecimiento en la capacidad de investigación.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que la estrategia se sustenta en cuatro ejes: fortalecimiento normativo, impulso a la denuncia, incremento de capacidades institucionales y coordinación interinstitucional. Entre las acciones destacan la creación de un gabinete especializado, la instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios y el desarrollo de un centro de atención inmediata.
Datos del C5 de la Ciudad de México indican que el 87.5 por ciento de los reportes corresponden a tentativas de extorsión, lo que sugiere un margen relevante de prevención. En 17 meses, la línea antiextorsión ha recibido más de 4 mil 500 reportes, de los cuales solo el 12.5 por ciento derivaron en casos consumados, con una reducción de 29.2 por ciento en este tipo de delitos entre agosto de 2025 y marzo de 2026.
No obstante, especialistas y actores institucionales advierten que el reto principal sigue siendo la denuncia efectiva y la protección de víctimas, especialmente en sectores vulnerables como el comercio informal, donde se concentra la mayoría de los casos. La autoridad reconoció que nueve de cada diez extorsiones están vinculadas a este ámbito, lo que exige políticas focalizadas.
Desde el Poder Judicial de la Ciudad de México y el Congreso local se respaldó la estrategia, subrayando la necesidad de traducir los compromisos en resultados tangibles que generen confianza ciudadana. Asimismo, representantes empresariales, académicos y de la sociedad civil coincidieron en que la coordinación y la difusión serán determinantes para debilitar las redes delictivas.
Finalmente, el gobierno capitalino reiteró que la estrategia no se limitará a acciones institucionales, sino que buscará construir una “inteligencia social” basada en la participación ciudadana. El éxito del pacto, señalaron autoridades, dependerá de la capacidad colectiva para denunciar, prevenir y desarticular la extorsión sin poner en riesgo a las víctimas.
