Sheinbaum niega presión de EUA en operativo contra “El Mencho”
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, no se realizó por presiones del gobierno de Estados Unidos, sino porque existían órdenes de aprehensión vigentes en su contra.
Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, no se realizó por presiones del gobierno de Estados Unidos, sino porque existían órdenes de aprehensión vigentes en su contra.
Desde Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el objetivo de las fuerzas federales era detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, detalló que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron agredidos cuando intentaban ejecutar el operativo, lo que derivó en un enfrentamiento. En ese intercambio de disparos, el narcotraficante resultó herido y posteriormente perdió la vida mientras era trasladado a la Ciudad de México.
Sheinbaum fue enfática: la acción no tuvo como propósito responder a presiones externas ni reducir tensiones con la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Reconoció que hubo intercambio de información de inteligencia con autoridades estadounidenses, pero aclaró que la decisión operativa correspondió exclusivamente al Estado mexicano.
“No fue por presión ni mucho menos”, insistió. Subrayó que la intervención obedeció a mandamientos judiciales y que el deber del gobierno es hacer cumplir la ley cuando existen órdenes de captura.
La presidenta también abordó el impacto político del operativo. De acuerdo con datos publicados por El Financiero, antes de la operación su nivel de aprobación era de 68%, y tras la muerte de Oseguera Cervantes subió a 76%, un aumento de ocho puntos en pocos días. Aun así, Sheinbaum rechazó que sus decisiones respondan a cálculos de popularidad.
“Uno toma decisiones responsables y busca atender a la gente”, afirmó, dejando claro que la estrategia de seguridad —según su postura— no se define por encuestas, sino por la obligación constitucional de combatir al crimen organizado.
El episodio marca un momento clave en la política de seguridad del actual gobierno. Más allá del impacto mediático y de opinión pública, el mensaje central desde Palacio Nacional es que las acciones contra líderes criminales se sustentan en procesos judiciales y coordinación institucional, no en presiones internacionales.
