Imputan a ocho personas y empresa por tragedia en tienda Waldo’s

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora imputó a ocho personas físicas y a la empresa propietaria de la sucursal Waldo’s donde ocurrió un siniestro el pasado 1 de noviembre de 2025, por su probable responsabilidad en una serie de delitos que incluyen homicidio culposo, aborto, lesiones, daños, uso de documentos falsos e incumplimiento de un deber legal.

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Por Juan Pablo Ojeda

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora imputó a ocho personas físicas y a la empresa propietaria de la sucursal Waldo’s donde ocurrió un siniestro el pasado 1 de noviembre de 2025, por su probable responsabilidad en una serie de delitos que incluyen homicidio culposo, aborto, lesiones, daños, uso de documentos falsos e incumplimiento de un deber legal.

La audiencia, que comenzó a las 9:30 horas del 13 de enero y concluyó a las 03:20 del 14 de enero, se extendió por casi 18 horas. Durante ese tiempo, el Ministerio Público realizó imputaciones diferenciadas tanto a los individuos como a la persona moral, detallando conductas activas y omisiones que, de acuerdo con la acusación, derivaron en los hechos que afectaron a víctimas directas e indirectas.

El juez del caso determinó que, para la mayoría de los imputados, no procedía la prisión preventiva justificada. Argumentó que cuentan con arraigo, acudieron voluntariamente a la audiencia y no representan riesgo para las víctimas ni para el desarrollo de la investigación. En su lugar, impuso medidas cautelares como la presentación periódica ante la autoridad, el pago de una garantía económica y la prohibición de salir del territorio que establezca el juzgado.

Una situación distinta se presentó en el caso de José Luis “N”, representante legal de la empresa, a quien se le atribuye haber realizado trámites ante autoridades municipales con documentos falsos para obtener permisos, además de incurrir en omisiones relevantes en su calidad de responsable legal. Para él, el juez ordenó prisión preventiva justificada; sin embargo, la medida no pudo ejecutarse debido a una suspensión de amparo vigente. La Fiscalía informó que impugnará dicha suspensión para que el imputado enfrente su proceso en prisión.

La defensa de los imputados solicitó la ampliación del plazo constitucional de 144 horas, periodo en el que el juez deberá resolver si quedan formalmente vinculados a proceso. Además, se informó que existen otras tres personas con órdenes de aprehensión ya ejecutadas que deberán comparecer el próximo 29 de enero, así como 12 personas más que cuentan con suspensiones de amparo y están a la espera de ser citadas. A este grupo se suman dos individuos que actualmente se encuentran evadidos de la justicia.

La FGJES aseguró que mantiene las acciones legales necesarias para llevar ante los tribunales tanto a quienes cuentan con amparos como a los prófugos, con el objetivo de que respondan por los hechos ante las víctimas. Asimismo, desde el 24 de diciembre de 2025 se dio vista a la Fiscalía General de la República para que investigue posibles delitos de competencia federal.

La siguiente audiencia quedó programada para el 19 de enero, fecha en la que el juez definirá la vinculación a proceso de los imputados ya presentados ante el órgano jurisdiccional.

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