Sheinbaum critica liquidaciones de 13 mdp y avala auditorías al INE
El Ejecutivo cuestiona pagos de retiro en el INE mientras el TFJA abre dos expedientes por 563 millones de pesos en contratos.
Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó este viernes las liquidaciones económicas de 11 y 13 millones de pesos otorgadas a exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), calificándolas como inmorales. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal respaldó las auditorías impulsadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las contrataciones electorales y solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) en caso de acreditarse responsabilidades penales.
Los datos financieros procesados en el ámbito jurisdiccional indican que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) abrió expedientes por presuntas irregularidades en contrataciones del órgano electoral cuyo monto conjunto supera los 563 millones de pesos. El desglose contable de estas carpetas abarca pagos anticipados superiores a los 413 millones de pesos destinados a la adquisición de materiales electorales, así como una licitación cercana a los 150 millones de pesos para la edificación de una sede institucional en el estado de Nuevo León.
El análisis del historial de adquisiciones del instituto entre los años 2014 y 2025 revela una alta concentración en el padrón de proveedores adjudicados. Ante este escenario, el Ejecutivo federal celebró la implementación de nuevos lineamientos internos de licitación dentro del organismo electoral, diseñados para ampliar la competencia mercantil y obtener ahorros presupuestales sin comprometer los estándares de seguridad y calidad de la papelería oficial.
De manera paralela a los procedimientos administrativos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó el bloqueo de las cuentas bancarias pertenecientes a exservidores públicos del órgano autónomo, incluyendo a la expresidenta del instituto, familiares directos y exdirectivos de primer nivel. Esta medida cautelar restringe la movimentación de activos mientras se concluyen las diligencias periciales sobre el origen y destino de los recursos involucrados.
En la relación de exfuncionarios señalados dentro de los expedientes administrativos figuran figuras clave de la estructura directiva anterior, varios de los cuales desempeñan actualmente cargos directivos dentro de la estructura de nuevos partidos políticos registrados recientemente ante la autoridad electoral. Los registros constatan su tránsito institucional hacia organizaciones partidistas.
El procedimiento legal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinará si las conductas administrativas auditadas configuran faltas graves conforme a la legislación general de responsabilidades. Los dictámenes técnicos definirán la cuantía de las sanciones económicas y las inhabilitaciones que correspondan para los exservidores públicos implicados en las anomalías detectadas.
Las asignaciones presupuestales anuales del Instituto Nacional Electoral oscilan alrededor de los 22 mil millones de pesos en ejercicios ordinarios y alcanzan proyecciones de hasta 35 mil millones de pesos durante años con comicios federales, cifras que mantienen el gasto operativo y las liquidaciones de altos mandos bajo revisión permanente de los órganos de fiscalización.
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