Proponen prohibir la gestación subrogada en México
Una iniciativa del PT busca prohibir la gestación subrogada en México y establecer penas de hasta 25 años de prisión para quienes participen en estos procedimientos.
Por Bruno Cortés
La diputada Nora Yessica Merino Escamilla, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para prohibir la gestación subrogada en México y establecer sanciones de hasta 25 años de prisión para quienes realicen, promuevan, financien o intervengan en estos procedimientos.
La propuesta plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y el Código Penal Federal, con el objetivo de incorporar la explotación reproductiva como una modalidad de explotación de personas.
De acuerdo con la iniciativa, se considerará gestación subrogada cuando una mujer lleve un embarazo mediante un acuerdo, contrato o convenio para entregar a la persona recién nacida a alguien distinto de quien la gestó, independientemente de que exista o no una compensación económica.
Entre las sanciones propuestas se contempla una pena de 15 a 25 años de prisión y multas de dos mil a 30 mil días para quienes consigan que una mujer geste a una persona con el propósito de entregarla a terceros o establecer su filiación a favor de alguien distinto de la gestante.
Las mismas penas alcanzarían a quienes capten, recluten, trasladen, alojen o retengan a mujeres con esa finalidad, así como a quienes promuevan, faciliten, financien, publiciten o intermedien en estos procedimientos. También se contemplan sanciones para profesionales de la salud y fedatarios públicos que participen con conocimiento del propósito.
La iniciativa establece que las penas podrían incrementarse hasta en una mitad cuando la mujer gestante sea menor de edad, pertenezca a una comunidad indígena o afromexicana, se encuentre en condiciones de pobreza o migración, o cuando participe un servidor público o integrante de la delincuencia organizada.
Asimismo, propone que las mujeres que participen como gestantes no sean consideradas responsables de estos delitos, sino reconocidas como víctimas con derecho a recibir protección, asistencia y reparación integral.
En cuanto a los establecimientos médicos, el proyecto contempla penas de cuatro a nueve años de prisión, multas de 10 mil a 15 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y la clausura definitiva de las instalaciones cuando permitan estos procedimientos. Las mismas sanciones se plantean para agencias y negocios dedicados a la intermediación.
Por otra parte, se propone incorporar el artículo 366 Quinquies al Código Penal Federal para castigar con ocho a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días multa a quienes entreguen o reciban a una persona recién nacida como parte de un acuerdo de gestación subrogada, cuando los hechos no constituyan trata de personas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Salud y de Justicia de la Cámara de Diputados para su dictaminación, mientras que la Comisión de Derechos Humanos emitirá una opinión.
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